Una vía muerta en las Cortes

La actividad de la quinta legislatura de las Cortes Valencianas, que está a punto de concluir, no ha destacado precisamente por las comisiones de investigación. Desde 1999 sólo ha sido constituida una -sobre los brotes de legionela de Alcoi- que la oposición abandonó al considerarla una "farsa". Otras 11 comisiones de investigación se encuentran en el corredor de la muerte: el PP, con su mayoría absoluta, las ha bloqueado, de manera que no se han podido aclarar cuestiones como los pagos a Julio Iglesias, el caso Cervera, el caso Ivex o el caso Cartagena.

En las cinc...

La actividad de la quinta legislatura de las Cortes Valencianas, que está a punto de concluir, no ha destacado precisamente por las comisiones de investigación. Desde 1999 sólo ha sido constituida una -sobre los brotes de legionela de Alcoi- que la oposición abandonó al considerarla una "farsa". Otras 11 comisiones de investigación se encuentran en el corredor de la muerte: el PP, con su mayoría absoluta, las ha bloqueado, de manera que no se han podido aclarar cuestiones como los pagos a Julio Iglesias, el caso Cervera, el caso Ivex o el caso Cartagena.

En las cinco legislaturas de las Cortes Valencianas -desde 1983- se han creado nueve comisiones de investigación. En la primera funcionó sólo una, sobre las riadas, que tuvo su continuación, en la segunda, con otra sobre la reubicación de Gavarda tras la pantanada de 1982, y a la que siguieron sendas investigaciones sobre la concesión de emisoras de FM, los riesgos naturales y el tráfico de influencias. En la tercera legislatura, con los socialistas aún en la Generalitat, se investigaron las irregularidades en la subvención a la empresa Cosistel. Ya en la cuarta, con la derecha en el poder, se investigaron las contratas de la Ciudad de las Ciencias y las responsabilidades en los casos de hepatitis C detectados en dos hospitales de Valencia.

- Caso Ivex. La primera comisión de investigación solicitada en la legislatura que está a punto de acabar la pidieron los socialistas en diciembre de 1999. Pretendían aclarar las irregularidades detectadas en el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), pero el PP la rechazó con el argumento de que el caso Ivex -un presunto agujero económico de casi siete millones de euros- estaba en manos de la justicia. El asunto nunca se ha aclarado, aunque hace unos días arrojó novedades, cuando se conoció que la Generalitat ha acordado pagar a los bancos la mitad de la deuda que éstos reclaman al organismo exportador y que el Gobierno atribuye a su ex director José María Tabares.

- Caso Cervera. Las dos siguientes iniciativas para investigar en las Cortes se centraban en una misma persona: José Emilio Cervera, ex director general y ex subsecretario de Modernización y ex consejero de Sanidad. Los socialistas y EU tramitaron en abril y mayo de 2000 sendas iniciativas para aclarar las responsabilidades de Cervera durante su gestión en la primera legislatura de Gobierno popular, polémica debido a la adjudicación de diversos contratos a la empresa IMB, para la que trabajaba su esposa. Y que incluso motivó una querella -después sobreseída- en la que EU imputaba a Cervera los delitos de tráfico de influencias, fraude y exacción ilegal, negociación y actividad prohibida a los funcionarios y abusos en el ejercicio de su función. También en este caso adujo el PP la existencia de la vía judicial para denegar la petición de los grupos de la oposición.

- Julio Iglesias. También fue EU el grupo que solicitó, en junio de 2001, una comisión de investigación para analizar la relación del Consell con el cantante Julio Iglesias, así como los pagos -en algún caso en paraísos fiscales- al artista por un contrato que éste sucribió con el Ivex para promocionar la Comunidad Valenciana.

- Caso Gescartera. Ese verano se destapó el caso Gescartera, que tenía una ramificación valenciana. El ex cantante Jaime Morey, que había sido director de la agencia investigada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por un presunto fraude de más de 100 millones de euros, resultó ser asesor en materia musical del entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. La oposición consideraba que Morey había podido utilizar el "plus de credibilidad" que le otorgaba su cargo de asesor para "engañar" a más inversores, además de ver detrás del caso Gescartera un posible montaje de financiación irregular del PP. Los populares rechazaron la pretensión de los socialistas, a los que acusaron de trasladar de forma injustificada el asunto a la Comunidad Valenciana.

- Caso Alaquàs. Pero el PP no se quedó ahí. Al parecer la iniciativa de los socialistas les había hecho a los populares más daño del que reconocieron. Así, cuando pocas semanas después el PSPV insistió en investigar la relación de Zaplana con Morey, el PP contraatacó con la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el caso Alaquàs. Un asunto de presunta financiación irregular del PSPV denunciado por el ex alcalde de esa localidad de L'Horta que implicaba a Joan Ignasi Pla, secretario general del partido de los socialistas valencianos. La investigación sobre Morey y Zaplana nunca se llevó a cabo. Como tampoco la del caso Alaquàs, con la que el PP ha amenazado varias veces desde entonces, pero sin concretar, a pesar de que incluso ha sido animado por los socialistas a poner en marcha la comisión.

- Caso Cartagena. También las dos siguientes peticiones de constitución de comisiones de investigación en las Cortes, que se registraron cinco meses más tarde, en marzo del año pasado, se centraban en una misma persona: Luis Fernando Cartagena, el ex consejero de Obras Públicas y ex alcalde de Orihuela. Tanto el PSPV como EU pidieron que se investigara la gestión de Cartagena a raíz de una sentencia dictada por la Audiencia de Alicante que condenaba al político a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por los delitos de malversación de fondos públicos y falsedad de documento mercantil. El fallo aseguraba que Cartagena, durante su etapa de alcalde de Orihuela, se apropió con ánimo de lucro de una partida de 49.081 euros que el Ayuntamiento recibió en 1993 de las monjas que administraban el hospital municipal. Esta vez los populares no rechazaron de plano la creación de la comisión de investigación, pero pusieron la condición de que acudieran a declarar ante la misma los altos cargos socialistas de la época en que tuvieron lugar los hechos por los que Cartagena había sido condenado: el ex presidente de la Generalitat Joan Lerma y el ex consejero de Obras Públicas Eugenio Burriel. La investigación nunca se ha producido.

- Caso Aguas de Valencia. En la recta final de esta legislatura la oposición ha tramitado otras tres peticiones de creación de comisiones de investigación. La más significativa es la que hace referencia a la participación del ex presidente de la Generalitat y ahora ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y de otros miembros del Consell en el intento de creación de un grupo mediático afín al PP a través de una intervención en la empresa privada Aguas de Valencia.

Además, los socialistas han pedido una investigación para determinar las responsabilidades por el "incumplimiento sistemático" por parte de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) de la ley de creación del ente, así como el "déficit democrático" en los informativos, las irregularidades contables y las adjudicaciones de contratos. Finalmente, la última comisión pedida, también por el PSV, se refiere a la admisión de alumnos en centros escolares concertados.