El Banco de España no fue informado del 'bonus' de Amusátegui
El contrato, fechado el 15 de enero de 1999, no figuraba en los acuerdos de fusión
El Banco de España no fue informado del contrato entre el Santander Central Hispano (SCH) y el presidente de honor de la entidad, José María Amusátegui, que le permitió cobrar un bonus de 43, 7 millones de euros en 2001 cuando abandonó el banco. Así lo declaró ayer ante la juez Teresa Palacios José María Lamamié de Clairac, inspector del Banco de España que elaboró el informe previo a la fusión por absorción entre el Santander y el Central Hispano.
El testigo señaló que el contrato que pactó el bonus para José María Amusátegui no figuraba en los acuerdos de fusión y que el...
El Banco de España no fue informado del contrato entre el Santander Central Hispano (SCH) y el presidente de honor de la entidad, José María Amusátegui, que le permitió cobrar un bonus de 43, 7 millones de euros en 2001 cuando abandonó el banco. Así lo declaró ayer ante la juez Teresa Palacios José María Lamamié de Clairac, inspector del Banco de España que elaboró el informe previo a la fusión por absorción entre el Santander y el Central Hispano.
El testigo señaló que el contrato que pactó el bonus para José María Amusátegui no figuraba en los acuerdos de fusión y que el Banco de España no conoció su existencia hasta después de haber elaborado el informe, por lo que no pudo pronunciarse sobre el mismo. Lamamié de Clairac agregó que el SCH le proporcionó el contrato después de que se hubiera presentado la querella.
En noviembre de 2002, el abogado Juan Francisco Franco Otegui, presentó una querella contra el presidente del SCH Emilio Botín Sanz de Sautuola y contra Amusátegui, por delito societario. En la querella se acusaba a Botín de haber entregado 43,75 millones de euros como indemnización a Amusátegui por dejar el banco antes de la fecha que le correspondía en los acuerdos de fusión, en perjuicio de los accionistas de la entidad. Pero Botín demostró que el bonus se había pactado el 15 de enero de 1999 y no en 2001 como señalaba la querella.
La juez espera ahora que el SCH aporte los documentos que acrediten que el consejo de administración tenía facultades para celebrar ese tipo de contratos.