El PP de Nàquera deja casi el 11% del término municipal en manos de agentes urbanizadores
Vecinos y oposición acusan al alcalde de "expoliar" el patrimonio del pueblo
Nàquera hierve. Los planes urbanísticos puestos en marcha por el gobierno del PP -que afectan a una superficie que supone el 11% del término municipal- han provocado la alarma. Vecinos y oposición de la localidad, situada en las estribaciones del parque natural de la Serra Calderona, denuncian lo que consideran un "expolio" del patrimonio público. Uno de los planes supondrá la urbanización de 1,5 millones de metros cuadrados -de los que casi un 60% son de propiedad pública- y la construcción de una zona residencial con 1.300 viviendas, un hotel y un campo de golf.
El término de Nàquera ...
Nàquera hierve. Los planes urbanísticos puestos en marcha por el gobierno del PP -que afectan a una superficie que supone el 11% del término municipal- han provocado la alarma. Vecinos y oposición de la localidad, situada en las estribaciones del parque natural de la Serra Calderona, denuncian lo que consideran un "expolio" del patrimonio público. Uno de los planes supondrá la urbanización de 1,5 millones de metros cuadrados -de los que casi un 60% son de propiedad pública- y la construcción de una zona residencial con 1.300 viviendas, un hotel y un campo de golf.
El término de Nàquera abarca una superficie de 3.826 hectáreas y los 14 planes de actuación integrada (PAI) puestos en marcha en los últimos tiempos por el Ayuntamiento afectan a casi 4,5 millones de metros cuadrados, lo que supone alrededor del 11% del total. La proliferación de planes urbanísticos, a pocos meses de la celebración de las elecciones municipales, ha desatado la alarma de los vecinos y de los grupos de la oposición al gobierno municipal. Éste está en manos del PP, que tiene mayoría absoluta, aunque la política urbanística que promueve el alcalde, Salvador Pérez Navarro, ha generado algunas divergencias internas. La tensión que vive Nàquera debido a la política urbanística del PP alteró el pasado martes la vida municipal. El alcalde suspendió, apenas 10 minutos después de su comienzo, el pleno convocado a instancias de la oposición, formada por socialistas y regionalistas, precisamente para debatir sobre esos planes. Tras la votación del primer punto, que pedía la anulación de una permuta de terrenos -por la que un vecino recibirá 110.000 metros cuadrados a cambio de otro terreno de 37.000 metros- y la creación de una comisión para investigar la política urbanística, y que el PP rechazó con el apoyo de uno de los dos ediles de UV, los numerosos vecinos que habían acudido manifestaron su rechazo con calificativos de "chorizos", "ladrones" y "sinvergüenzas" dirigidos a los ediles populares y con una corona de flores con la leyenda Alcalde, tus vecinos no te olvidan. La oposición considera que con estos planes el alcalde propicia "la apropiación indebida de una parte muy significativa del patrimonio municipal, sin el preceptivo procedimiento público de subasta".
El malestar vecinal en torno a los planes urbanísticos se debe en gran medida al hecho de que casi todos los PAI se han puesto en marcha sin convenio previo entre los respectivos agentes urbanizadores y los propietarios de los terrenos afectados, muchos de los cuales se ven abocados a malvender sus propiedades al no poder hacer frente a los gastos de urbanización. Los propietarios de una de las zonas afectadas vieron cómo el Ayuntamiento admitió un PAI presentado por una empresa regentada por la esposa de un constructor. Alarmados, constituyeron de inmediato una agrupación de interés urbanístico y presentaron un proyecto más barato. Sin embargo, a pesar de que la legislación vigente concede a los propietarios el derecho de adjudicación preferente si suman la mayoría del terreno, el Ayuntamiento persistió en sus planes. Sólo después de un pleno en el que escuchó las primeras acusaciones referidas a su política urbanística el alcalde decidió adjudicar el proyecto a los vecinos.
Uno solo de los PAI, el del sector de Les Fontanelles, lindante con el término de Albalat dels Tarongers y situado en la zona de influencia del parque natural de Serra Calderona, abarca 1,5 millones de metros, de los que casi un 60% pertenecen a un monte de propiedad pública. Se trata de una zona de alto valor paisajístico, con vistas al mar y a la sierra, donde la empresa Residencial Nàquera Golf, SA, pretende construir una urbanización con 1.300 viviendas, un hotel y un campo de golf. Allí, según han denunciado a este periódico tanto vecinos afectados como fuentes de la oposición socialista, la empresa está ofreciendo a los propietarios dos millones de pesetas (12.000 euros) por hanegada (832 metros cuadrados). Sin embargo, para los terrenos de propiedad pública ofrece sólo 9.000 euros (1,5 millones de pesetas) por hanegada.
De esta forma, mientras los propietarios, que reúnen casi 700.000 metros cuadrados, percibirían en conjunto 13,5 millones de euros -que los afectados consideran un precio bajo- el Ayuntamiento ingresarían sólo 10,2 millones de euros por los casi 900.000 metros de terreno municipal afectados, aparte de otros 900.000 euros en concepto de aprovechamiento urbanístico.
La oferta económica de la empresa urbanizadora incluida en la proposición jurídico-económica del proyecto consiste en entregar al Ayuntamiento 20 viviendas en el pueblo, valoradas en 1,8 millones de euros, además de la ejecución de la urbanización de sistemas generales, valorada en 8,9 millones -que, al limitarse a la zona a urbanizar no supone ventaja alguna para el conjunto de los vecinos- y la construcción de un pabellón polivalente, valorado en 347.000 euros, cuyas obras ya están en marcha a pesar de que oficialmente el Ayuntamiento aún no ha adjudicado el PAI. La oposición se pregunta qué pasará si Residencial Nàquera Golf finalmente no se adjudica el plan.
El alcalde de Nàquera, Salvador Pérez Navarro, contactado por este periódico a través de un familiar, no ha querido dar su opinión en torno a la polémica que su política urbanística ha generado entre vecinos y oposición.
Plan en revisión y partido dividido
El Plan General de Ordenación Urbana de Nàquera se encuentra en revisión desde finales de 1999. Hace casi un año que se anuncia su inminente aprobación y la correspondiente exposición pública. Pero la oposición no sabe nada de su contenido. Sin embargo, ello no ha impedido la proliferación de planes de actuación urbanística, propuestos por un reducido grupo de equipos técnicos y empresas que, al parecer, según los socialistas, sí que conocen las propuestas del nuevo Plan General.
En medio de toda la polémica generada por la política urbanística municipal se encuentra el alcalde, Salvador Pérez Navarro. Nàquera cuenta apenas con 2.500 habitantes y no es de extrañar que la puesta en marcha de planes urbanísticos que afectan a casi un 11% del término municipal haya provocado protestas, no sólo de la oposición, sino también de los vecinos, especialmente entre los propietarios de los terrenos incluidos en esos proyectos. Y entre éstos, sin duda, los hay que son familiares de concejales del PP. De ahí que, tal como comentan diversas fuentes, el alcalde haya sido criticado por algunos integrantes de su propio equipo de gobierno. Además, al parecer, Pérez Navarro ha sido invitado por la dirección de su partido a no repetir, razón por la cual, según la oposición, tiene tanta prisa y lleva con tanto secretismo sus planes urbanísticos. Eso sí, con el apoyo, según esas mismas fuentes, de algunos dirigentes del PP con intereses en los mismos.
Los socialistas han pedido a los vecinos que estén atentos porque creen que el alcalde quiere aprovechar el tiempo que resta de mandato municipal para "consumar" sus planes urbanísticos, que, según el PSPV, suponen un "expolio".
Y todo ello se lleva adelante sin aprobar el planeamiento, que deberá ratificar la Generalitat, entre otras cosas porque el tèrmino de Nàquera está incluido en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque natural de la Serra Calderona: gran parte en el área de protección y el resto en la zona de influencia, por lo que cualquier actuación urbanística, y más si conlleva una recalificación de terrenos, debe pasar por Medio Ambiente.