Una plataforma cívica respalda la ilegalidad de la póliza de Castillejo

La plataforma ciudadana Asociación para el fomento y defensa del ahorro solidario cordobés ha respaldado la resolución de la Consejería de Economía que ha declarado ilegal la póliza de 2,9 millones de euros suscrita por Cajasur en favor de su presidente, el sacerdote Miguel Castillejo. La asamblea de esta plataforma, que surgió a finales del año pasado, en plena polémica por la póliza de Castillejo y su decisión de acogerse a la Ley Financiera para escapar de la tutela de la Junta de Andalucía, se reunió el pasado martes por segunda vez, una vez culminados los trámites administrativos de su cr...

La plataforma ciudadana Asociación para el fomento y defensa del ahorro solidario cordobés ha respaldado la resolución de la Consejería de Economía que ha declarado ilegal la póliza de 2,9 millones de euros suscrita por Cajasur en favor de su presidente, el sacerdote Miguel Castillejo. La asamblea de esta plataforma, que surgió a finales del año pasado, en plena polémica por la póliza de Castillejo y su decisión de acogerse a la Ley Financiera para escapar de la tutela de la Junta de Andalucía, se reunió el pasado martes por segunda vez, una vez culminados los trámites administrativos de su creación y su inscripción en el registro de asociaciones.

El presidente de la plataforma, Antonio Rodero, catedrático de la Universidad de Córdoba, destacó ayer que en la asamblea se hizo hincapié en que Cajasur debe aceptar la resolución adoptada por la máxima autoridad de la comunidad en materia de cajas de ahorros, es decir, la Consejería de Economía.

Desde su creación, esta plataforma ha recogido un total de 4.000 firmas pidiendo que el Consejo de Administración de Cajasur revoque su decisión de acogerse a la Ley Financiera y desconectarse de su relación con la Administración autonómica. Rodero aseguró que estas firmas van a ser remitidas al Vaticano, a la Conferencia Episcopal, el Obispado de Córdoba y al Gobierno andaluz. Rodero subrayó que es impensable que una caja catalana o vasca intentase desvincularse de su comunidad autónoma, como ha ocurrido con Cajasur.

Mientras, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, subrayó que la póliza es "ilegal" conforme a la Ley de Cajas y consideró "contradictorio" que Cajasur recurra la resolución de a la vez que asegura que ya no está bajo tutela de la Junta de Andalucía sino del Ministerio de Economía. Por su parte, el secretario general del PP, Antonio Sanz, dijo que la Junta "roza la prevaricación" con su decisión.