El Gobierno endurece y aumenta al 30% las inspecciones de buques cargueros
El Consejo de Ministros aprobó ayer en A Coruña dos reales decretos por los que se aumentan y endurecen las inspecciones de buques cargueros españoles y extranjeros que transiten por puertos nacionales. Además, impulsó un modificación de la comisión interministerial de seguimiento de los daños del Prestige, para cuya reparación fue aprobado también el llamado Plan Galicia.
Los dos reales decretos sobre seguridad marítima suponen la transposición con seis meses de anticipación sobre el plazo máximo de las directivas comunitarias denominadas Erika I. El objetivo de las medi...
El Consejo de Ministros aprobó ayer en A Coruña dos reales decretos por los que se aumentan y endurecen las inspecciones de buques cargueros españoles y extranjeros que transiten por puertos nacionales. Además, impulsó un modificación de la comisión interministerial de seguimiento de los daños del Prestige, para cuya reparación fue aprobado también el llamado Plan Galicia.
Los dos reales decretos sobre seguridad marítima suponen la transposición con seis meses de anticipación sobre el plazo máximo de las directivas comunitarias denominadas Erika I. El objetivo de las medidas es "reducir el número de buques que incumplan las normas aplicables en aguas" españolas. La norma eleva al 30% los buques que tienen que ser inspeccionados por las autoridades marítimas. Además, se establecen normas comunes que deben cumplir las sociedades de clasificación de buques para ser reconocidas y autorizadas. La mayor novedad consiste en exigir "una responsabilidad sin límite de cantidad" a las sociedades de clasificación para que puedan cubrir los daños causados por "actuaciones realizadas con dolo o culpa con resultado de fallecimiento, lesiones o daños".
El Consejo de Ministros, además, aprobó otras medidas entre las que destacan el acuerdo por el que se revisa el plan de amortización y de creación de centros penitenciarios, para el que se destinan 130,8 millones de euros con el objetivo de construir cuatro nuevas cárceles en Andalucía, Levante y Madrid y ampliar la de Arrecife (Lanzarote). Igualmente, se autorizó un convenio entre Fomento y Ingeniería de Sistema para la Defensa de España a fin de colaborar en materias de seguridad de la aviación civil.