El Gobierno autoriza la venta de Trasmediterránea al consorcio de Acciona

El Consejo de Ministros autorizó ayer a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a vender sus acciones en Trasmediterránea al consorcio liderado por Acciona, y entre cuyos accionistas se encuentra el grupo inversor presidido por el ex ministro del PP Abel Matutes, lo que levantó cierta polémica.

La aprobación se produce tras recibir el dictamen favorable del Tribunal de Defensa de la Competencia y del consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP).

El grupo comprador deberá realizar una oferta pública de acciones (OPA) por la totalidad de éstas a un precio de 45 eu...

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El Consejo de Ministros autorizó ayer a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a vender sus acciones en Trasmediterránea al consorcio liderado por Acciona, y entre cuyos accionistas se encuentra el grupo inversor presidido por el ex ministro del PP Abel Matutes, lo que levantó cierta polémica.

La aprobación se produce tras recibir el dictamen favorable del Tribunal de Defensa de la Competencia y del consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP).

El grupo comprador deberá realizar una oferta pública de acciones (OPA) por la totalidad de éstas a un precio de 45 euros por acción, por lo que el precio final pagado por la compañía sería de 272 millones de euros. Además, asume el pasivo de la naviera, cifrado en 210 millones de euros.

El adjudicatario asume el contrato vigente con el Estado hasta su cumplimiento y se compromete a mantener la unidad de la empresa hasta 2008, así como la plantilla fija y las condiciones laborales existentes.

El Gobierno afirmó que ha seguido fielmente el informe del TDC que no se opone a la venta, ya que "no produce ningún efecto sobre la estructura competitiva del mercado".

La SEPI adjudicó el pasado 30 de julio el 95,24% de la naviera Trasmediterránea a la oferta liderada por Acciona por 259 millones de euros. Además de la constructora (55%), el consorcio está integrado por Caja de Ahorros del Mediterráneo (15%), Grupo Matutes (12%), Grupo Aznar (10%) y Armas (8%).

La privatización se ha producido después de que hace 10 días el Congreso rechazará, con los votos del PP y CiU, una proposición no de ley del PSOE en la que pedía que se paralizara indefinidamente el proceso, tanto por posibles problemas relacionados con el asesor de la privatización como por la probable existencia de comportamientos discriminatorios por parte de la SEPI. En su opinión, en todo este proceso se han vulnerado los principios obligados de transparencia, concurrencia y publicidad.

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