La juez Teresa Palacios citará a declarar como imputados a Botín y Amusátegui
Serán interrogados por la indemnización de 43,75 millones cobrada por el ex presidente
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios citará a declarar en calidad de imputados a Emilio Botín-Sanz de Sautuola y José María Amusátegui, presidente y presidente de honor respectivamente del Santander Central Hispano (SCH), en relación con la querella interpuesta contra ellos por presunto delito societario. La decisión fue adoptada a petición del fiscal, aunque todavía no se ha fijado fecha para las declaraciones de los banqueros. El banco aseguró ayer en un comunicado que "todas las actuaciones realizadas lo han sido de acuerdo con la más estricta legalidad".
El Santander Cen...
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios citará a declarar en calidad de imputados a Emilio Botín-Sanz de Sautuola y José María Amusátegui, presidente y presidente de honor respectivamente del Santander Central Hispano (SCH), en relación con la querella interpuesta contra ellos por presunto delito societario. La decisión fue adoptada a petición del fiscal, aunque todavía no se ha fijado fecha para las declaraciones de los banqueros. El banco aseguró ayer en un comunicado que "todas las actuaciones realizadas lo han sido de acuerdo con la más estricta legalidad".
El Santander Central Hispano (SCH) aseguró ayer que "ha remitido al juzgado toda la información y documentación requerida sobre este asunto de la cual se desprende que todas las actuaciones realizadas lo han sido de acuerdo con la más estricta legalidad habiéndose pactado el pago al señor Amusátegui, de la cantidad a la que se refiere la noticia, en 1999 y aprobada por los órganos competentes de la entidad contando con la verificación positiva de sus auditores externos".
El caso se inició el pasado 5 de noviembre después de que el abogado Juan Francisco Franco Otegui, que se declara accionista de banco fusionado y que ha intervenido en las juntas de accionistas del banco junto al letrado Rafael Pérez Escolar (condenado por el caso Banesto), presentó una querella en la que acusa a Botín de haber proporcionado 43,75 millones de euros como indemnización a Amusátegui por dejar el banco antes de la fecha que le correspondía en los acuerdos de fusión del Santander con el Central Hispano, en perjuicio de los accionistas de la entidad.
La juez Palacios se declaró competente por considerar que el supuesto delito societario afecta a múltiples perjudicados en todo el territorio nacional, al tratarse de los accionistas del SCH.
43 millones por irse
La querella de Franco Otegui relata los roces y enfrentamientos que se produjeron entre las ejecutivas de los bancos tras la fusión. Aunque Amusátegui y Botín habían pactado la copresidencia, "el primero se había convertido en una molestia y un freno para los planes del segundo, que deseaba no tener que dar explicaciones a nadie y convertirse en el único presidente de la entidad", dice el escrito.
Para acelerar el trámite por el que se convertiría en presidente único, según la querella, Botín pactó con Amusátegui una indemnización de 43,75 millones de euros "satisfechos durante el ejercicio 2001 con carácter extraordinario y no recurrente" y que figuran en una partida titulada "Compromisos por pensiones y otros seguros", dentro del epígrafe correspondiente a "Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración".
El texto de la querella destacaba que la Junta de Accionistas podía haber destituido a José María Amusátegui en cualquier momento sin tener que indemnizarle por ello, pero la entidad decidió abonar la cantidad mencionada de 43,75 millones de euros para que el copresidente anticipase su jubilación. El banco insiste en que ese pago formba parte de los acuerdos de fusión y que no es "una escandalosa dádiva por anticipar en menos de dos años su prevista y forzosa salida del Banco", como dice la querella.
La citación, ahora, de ambos banqueros es la consecuencia lógica de la investigación. No quiere ello decir que existan más indicios en la causa que los que existían en el momento de admitir a trámite la querella. Sin embargo, la legislación española no permite la declaración en calidad de testigo cuando al declarante se le van a hacer preguntas de las que se puede derivar una futura imputación. Además, en ese caso es imprescindible que el declarante acuda asistido de un letrado para garantizar sus derechos. La legislación española, a diferencia de la estadounidense, no permite la comparecencia de testigos asistidos de abogados.
En el proceso que se tramita en la Audiencia Nacional, la magistrada ya solicitó al registro mercantil certificación de los estatutos del banco, de las cuentas anuales y del informe de auditoría correspondiente a 2001, así como el acuerdo de fusión entre el Santander y el Central Hispano. La juez Palacios reclamó igualmente, un informe al Banco de España sobre los hechos denunciados. La magistrada instruye también, otro proceso en el que figura Botín como imputado. Se trata del caso de las cesiones de crédito de nuda propiedad del Banco Santander.