Un juez admite a trámite la quiebra de la promotora de viviendas CPV
El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid ha decidido tramitar la quiebra de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV). La demanda fue presentada el pasado día 8. Este expediente judicial significa que, a priori, CPV es una empresa inviable y que sólo cabe finiquitarla porque su activo es inferior al pasivo. Ahora el juez nombrará al comisario de la quiebra y ordenará evaluar los activos de CPV. Después el comisario convocará una junta de acreedores que, a su vez, designarán a los síndicos que se encarguen de repatir los activos, si es que quedan.
La demanda de quie...
El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid ha decidido tramitar la quiebra de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV). La demanda fue presentada el pasado día 8. Este expediente judicial significa que, a priori, CPV es una empresa inviable y que sólo cabe finiquitarla porque su activo es inferior al pasivo. Ahora el juez nombrará al comisario de la quiebra y ordenará evaluar los activos de CPV. Después el comisario convocará una junta de acreedores que, a su vez, designarán a los síndicos que se encarguen de repatir los activos, si es que quedan.
La demanda de quiebra de CPV que ya tramita el Juzgado de lo Civil número 9 de Madrid no tiene nada que ver con el sumario que investiga la juez Rosario Espinosa, del Juzgado de Instrucción número 8. Esta juez investiga por delitos de estafa y apropiación indebida al director general de CPV, Francisco García, a dos de sus hijos -Francisco Javier y Miguel Ángel- y a su socio Miguel Ángel Morillo del Pozo.
Los cuatro se hallan en prisión sin fianza desde la semana pasada por estafar y dejar en la estacada a las 1.200 familias de Madrid que en 1998 anticiparon dinero a CPV -una media de 18.000 euros- a cambio de casas en los nuevos barrios de Montecarmelo, Las Tablas y Sanchinarro.
En lugar de hacer las casas prometidas, CPV vendió los terrenos que poseía en esos barrios, obteniendo fuertes plusvalías, y destinó una parte del dinero de sus clientes a otras promociones inmobiliarias y 'a fines desconocidos', según el auto de prisión dictado por la juez Espinos. La petición de quiebra significa que la viabilidad económica de CPV como empresa carece de todo crédito en el mercado.