La desigual batalla contra el 'cartel de Cádiz'

Aquella noche del 31 de octubre de 2000 la policía registró un chalé en El Puerto de Santa María (Cádiz) donde sospechaba que se distribuía droga. Podría haberse tratado de una operación como tantas otras de no haber mediado un juez como Miguel Ángel López Marchena, apodado El Garzón de El Puerto, y algún hecho excepcional: dos de los detenidos deciden colaborar, saben mucho, y uno de ellos tiene una memoria excelente. Aquel hilo se convirtió en una madeja que, con el paso del tiempo, elevó la nómina de imputados a 140. Fue la Operación Semilla.

El mismo juez, meses despué...

Aquella noche del 31 de octubre de 2000 la policía registró un chalé en El Puerto de Santa María (Cádiz) donde sospechaba que se distribuía droga. Podría haberse tratado de una operación como tantas otras de no haber mediado un juez como Miguel Ángel López Marchena, apodado El Garzón de El Puerto, y algún hecho excepcional: dos de los detenidos deciden colaborar, saben mucho, y uno de ellos tiene una memoria excelente. Aquel hilo se convirtió en una madeja que, con el paso del tiempo, elevó la nómina de imputados a 140. Fue la Operación Semilla.

El mismo juez, meses después, volvió a tirar del hilo tras otra aparente actuación rutinaria. Comenzó la Operación Manzanilla, aún activa con dos piezas secretas, cuyo balance provisional es de 93 imputados. Nunca el narcotráfico en Cádiz sufrió un golpe semejante: 14 organizaciones disueltas, 12.000 kilos de hachís incautados, 30 de cocaína, 12 millones de euros bloqueados en cuentas corrientes y mucho material incautado, entre el que no debe despreciarse la preocupante presencia de armas.

'Lo que está pasando me parece extraño, anómalo', confiesa un diputado del PP

El juez llega a decirle a la fiscal que actúa como si fuera la defensa (de los 'narcos')

Dos años de investigación han dado lugar al mayor proceso contra el narcotráfico en Cádiz y en Andalucía y uno de los golpes más duros que se le han asestado en España. Y ese proceso amenaza ruina porque la fiscalía quiere dividirlo en 15 juicios repartidos por Andalucía, cuya primera consecuencia es una rebaja inmediata de algunas penas. Partidos políticos, asociaciones antidroga y grupos vecinales han dado la voz de alarma y se han movilizado.

No aciertan a comprender cómo ni por qué la fiscalía de Cádiz ha cambiado de criterio desde el verano pasado. No sólo está torpedeando la buena marcha del sumario, sino que también pone en cuestión la labor del juez. 'No les debe gustar un juez que va con la policía a los registros, que nos acompaña en las operaciones, que trabaja por el día y por la noche, que coordina a todas las fuerzas de seguridad', dice un miembro de la Brigada de Estupefacientes.

'Llevamos años quejándonos de tantas operaciones donde sólo se coge droga y a algún pringao. Nunca hemos sabido quiénes son los verdaderos capos de Cádiz. Y ahora empezamos a saberlo, porque este juez, cuando investiga, tira para arriba y no se queda en lo que pasa abajo', explica Francisco Mena, coordinador de asociaciones antidroga.

Crecen las sospechas. ¿Qué está pasando? ¿Qué más cosas podrían salir si el caso sigue adelante? ¿Qué presiones están ejerciendo algunos de los detenidos con gran poder económico? ¿Por qué ese cambio de criterio coincide con el descubrimiento de casos de corrupción policial en la comisaría de Sanlúcar, donde hay policías que ocultan droga, que hacen negocios con narcos, que miran para otro lado? ¿Por qué arremeten contra un juez que en dos años ha imputado a 230 presuntos narcos? 'Vemos que es un juez comprometido en la lucha contra el narcotráfico', dice Carmen Omist, de asociaciones antidroga. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? El pueblo quiere un gran juicio. La fiscalía, no. El debate lleva abierto tres meses.

La movilización popular ha comenzado. Las 30 asociaciones antidroga de la provincia han decidido que una de ellas, Redein, ejerza la acusación particular para intentar salvar la unidad del proceso, pero todas las demás se han propuesto colaborar en la financiación dada la magnitud de un sumario que suma 180 tomos y cerca de 90.000 folios. Es más, si los fondos no son suficientes, están dispuestas a abrir una suscripción popular, para lo que cuentan con el respaldo de las asociaciones vecinales.

Los partidos políticos también han reaccionado: PSOE e IU han pedido la comparecencia del fiscal general del Estado. Y el PP, por obra de Aurelio Sánchez, un diputado muy sensible al problema de la droga, se ha puesto también en contra de la fiscalía. Aurelio Sánchez habla de 'irregularidades' en el trabajo de la fiscalía y confiesa haberse entrevistado con el ministro de Justicia para exponerle la gravedad de lo que está sucediendo.

'Lo que está pasando me parece anómalo, extraño, no consecuente', asegura. 'Ha sido una operación de gran calado y ahora parece que no va a servir para nada. Llevo tiempo recibiendo quejas de las fuerzas de seguridad sobre la fiscalía, de cómo hay detenidos que quedan en libertad porque no acude el fiscal a la vista. Hay 52 fiscales en Cádiz que no parecen moverse'.

El escándalo saltó este verano cuando se supo que la fiscalía (se había producido semanas antes un cambio del fiscal que llevaba el caso) planteaba una cuestión de competencia. Donde el juez entendía que el proceso (con sus seis piezas separadas) es competencia del Juzgado número 3 de El Puerto de Santa María, la fiscalía abría una brecha y proponía su reparto entre 15 juzgados repartidos por Cádiz, Huelva y Sevilla. Un letrado llega a decirle por escrito a la fiscalía que se ha alineado 'junto a un equipo que no le corresponde'. El juez llega a decirle a la fiscal que actúa 'como si fuese la defensa'. El abogado de uno de los arrepentidos, Juan Luis Serrano, le escribe al ministro de Justicia: '¿A quién interesa que mi defendido esté en libertad sin protección? Los muertos no hablan'.

La negativa del juez a hacer semejante reparto llevó a la fiscalía a buscar otro camino, el de la Audiencia Provincial. Y la Audiencia falla a favor de la fiscalía en octubre, 'porque es la única parte acusadora'. Ese detalle abre la vía para promover una acusación particular para quitarle argumentos a la Audiencia. Hay letrados que piensan solicitar el amparo del Tribunal Constitucional.

Y, en la polémica, las palabras del fiscal jefe de Cádiz, Isidoro Hidalgo, tampoco contribuyen a rebajar la tensión. Hidalgo llega a decir, en tono peyorativo, que el juez de El Puerto 'es un hombre joven que no tiene 40 años de servicio como yo' y a calificar de 'estupidez' algunas de sus alusiones a la fiscal. 'Es la primera vez en mi vida que veo una polémica como ésta', reconoció a este periódico. 'Hay en Cádiz casos más graves que no están dando tantos problemas. El Supremo tiene el criterio de que es el lugar de aprehensión de la droga lo que fija la competencia del juzgado. Y aquí se coge droga en muchos sitios de la provincia. Quien fija la acusación es el fiscal, no el juez. Y no hay por qué darle cuentas'. Curioso: la defensa más ardorosa de las tesis de la fiscalía en la prensa la hacen abogados de los presuntos narcotraficantes.

El conflicto tiene muchas peculiaridades. Una de ellas es la relativa a los testigos protegidos. Y de nuevo aquí salta la alarma. Siguen en prisión mientras los presuntos narcos van saliendo a la calle. Han estado ya en cinco cárceles, donde viven con una nueva identidad, pero carecen de número de la Seguridad Social y, por tanto, de ingresos. 'No pueden trabajar en la cárcel, viven aislados, sin dinero, muy lejos de sus familias. Apenas se les permite visitar un rato el gimnasio. Ya les ha llegado la noticia de que han puesto precio a su cabeza, 40 millones en uno de los casos. Y encima, la fiscal decretaba para uno de ellos la libertad con una fianza de 9.000 euros y sin medidas de protección', comenta el abogado Juan Luis Serrano.

Ante la protesta de sus defensores, la fiscal ha cambiado la petición y ahora plantea ya la libertad con medidas de protección. 'Pero ahora pretende que vayan peregrinando por 15 juzgados con el riesgo que eso supone, cuando se le prometió lo contrario', asegura Fernando Valencia, abogado de otro de los arrepentidos. 'A este paso, mi defendido tendrá que esconderse de Andorra para arriba', añade.

'En Cádiz ha sido siempre muy difícil contar con arrepentidos porque hay un código que sigue funcionando: tú te comes el marrón en la cárcel y nosotros nos encargamos de que a tu familia no le falte de nada. Aquí tenemos un caso de testigos arrepentidos. Pero se les está maltratando. A partir de ahora, aquí no se va a arrepentir nadie en el futuro', explica Francisco Mena. En una entrevista publicada en El Puerto Información, uno de ellos afirmaba estar arrepentido de ser un arrepentido.

Sólo siguen en la cárcel los principales capos. El resto está en la calle. Apenas quedan en prisión 20 de los 140 imputados.

Las dos operaciones suman 230 imputados y 100 son vecinos de Sanlúcar. El Cagalera, El Coquina de Oro, El Diarrea, entre otros, han vuelto por el pueblo. Alguno lo ha agradecido a su manera: la Virgen de la parroquia de Bonanza apareció con un manto nuevo. Y el párroco, Manuel Gaiteiro, se quejó de ello en la prensa local. 'No quiero que trascienda', dice ingenuamente, 'trataba de dirigirme sólo a mis feligreses. La Virgen tiene un manto nuevo. Supe de la procedencia del dinero y no me gusta. Les quiero decir que los cristianos no deben aplaudir esto. El dinero de la droga no puede ser para la Virgen'.