Acuerdos del CGPJ para formar jueces en materia económica
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) firmó ayer con la Fundación Rafael del Pino, la Fundación de Estudios Económicos y la Fundación Wellington sendos acuerdos destinados a obtener financiamiento para programas de formación de jueces y magistrados.
Los acuerdos, rubricados por Francisco Hernando, presidente del Consejo General del Poder Judicial,tendrán un plazo de vigencia de tres años y su cumplimiento será controlado por una comisión especial de seguimiento.
El convenio firmado con la Fundación del Pino estará destinado a financiar actividades formativas de los jueces ...
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) firmó ayer con la Fundación Rafael del Pino, la Fundación de Estudios Económicos y la Fundación Wellington sendos acuerdos destinados a obtener financiamiento para programas de formación de jueces y magistrados.
Los acuerdos, rubricados por Francisco Hernando, presidente del Consejo General del Poder Judicial,tendrán un plazo de vigencia de tres años y su cumplimiento será controlado por una comisión especial de seguimiento.
El convenio firmado con la Fundación del Pino estará destinado a financiar actividades formativas de los jueces en el ámbito de los programas que lleva adelante dicha institución. El primer programa ofrecido será, según lo adelantaron las autoridades de la fundación, un curso diseñado para ampliar la formación de los magistrados en el campo económico-financiero.
La Fundación de Estudios Financieros, presidida por Aldo Olcese, colaborará con la organización de cursos monográficos sobre materias económicas y financieras que guarden relación directa con las actividades de los órganos jurisdiccionales. Finalmente, la Fundación Wellington se ha comprometido a financiar bolsas de investigación para los funcionarios de la carrera judicial.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano responsable de la formación y el perfeccionamiento de los jueces y magistrados. Dentro del marco de sus obligaciones, el Consejo intenta obtener ayuda privada a través de acuerdos con distintas instituciones, para que los jueces participen en procesos de formación teórica y práctica.