El Gobierno censará a los ancianos que viven solos para así poder darles ayuda

El Gobierno regional pondrá en marcha un plan para ayudar a los 132.000 mayores de 65 años que viven solos en la capital madrileña. Esta medida es una de las ocho propuestas -siete del PP y una de IU- aprobadas por la Asamblea, donde ayer concluyó el debate del estado de la región. Pilar Martínez, consejera de Servicios Sociales, explicó que este plan irá destinado a la 'prevención y atención a las personas mayores en situación de riesgo que viven solas en Madrid' si bien se prevé su extensión y aplicación en otros municipios. La consejera de Servicios Sociales señaló que en primer lugar se e...

El Gobierno regional pondrá en marcha un plan para ayudar a los 132.000 mayores de 65 años que viven solos en la capital madrileña. Esta medida es una de las ocho propuestas -siete del PP y una de IU- aprobadas por la Asamblea, donde ayer concluyó el debate del estado de la región. Pilar Martínez, consejera de Servicios Sociales, explicó que este plan irá destinado a la 'prevención y atención a las personas mayores en situación de riesgo que viven solas en Madrid' si bien se prevé su extensión y aplicación en otros municipios. La consejera de Servicios Sociales señaló que en primer lugar se elaborará un censo. 'Tenemos que saber cuántos mayores hay en Madrid y en qué situación se encuentran. Este censo es fundamental para poder trabajar sabiendo cuál es el problema. También es necesario saber qué tipo de dependencias tiene por su condición física y su situación familiar. Muchos mayores se mueren porque nadie sabe que existen', explicó Martínez. Este plan que promueve el Gobierno regional tendrá carácter de urgencia.

'El programa se hará en colaboración con el Ayuntamiento, pero el Gobierno regional aportará los fondos necesarios para desarrollarlo', explicó Martínez. La primera reunión entre el Ejecutivo y el Ayuntamiento se celebrará el próximo día 23 y la Consejería de Servicios Sociales espera poner en marcha este programa de ayuda a los mayores en situación de riesgo el 1 de enero próximo. 'Aunque si podemos hacerlo antes, lo haremos', precisó Martínez.

Paralelamente a la confección del censo de personas mayores, los técnicos trabajarán en las medidas para solventar las situaciones de riesgo. 'Hay muchos ancianos que quieren vivir en soledad, pero nosotros tenemos la obligación de cuidar que lo hagan sin que eso entrañe peligro para ellos. Fomentaremos la instalación de aparatos de teleasistencia, la ayuda de voluntarios y trabajadores sociales e investigaremos todas las vías de actuación nuevas que sean necesarias', según la consejera.

En la capital hay 132.000 mayores de 65 años que viven solos, es decir, dos de cada 10 ciudadanos de Madrid. En lo que va de año, 66 ancianos que vivían solos han sido hallados muertos en sus casas. El año pasado el Gobierno regional aportó 10.544.000 euros al Ayuntamiento para el desarrollo de programas de asistencia social; 1.828.000 euros fueron destinados a ayudas para los ancianos, además de una partida especial de 180.000 euros para la instalación de aparatos de teleasistencia (una especie de medallón que, al ser apretado por el anciano permite que éste reciba asistencia inmediata en caso de hallarse enfermo o sufrir un accidente).

'Para el plan que ahora pretendemos poner en marcha no hay una cantidad de dinero determinada. Antes tenemos que saber cuáles son las necesidades, pero la decisión del Gobierno regional es dotar a este proyecto de los fondos que sean necesario para que sea efectivo', dijo Pilar Martínez.

Los técnicos de Servicios Sociales trabajan ya en la manera de mejorar la teleasistencia de la que ya disponen 18.000 ancianos en la capital. 'Uno de los problemas con que nos encontramos es que muchas personas mayores', señala Martínez 'no quieren entregar sus llaves a las empresas que llevan estos servicios; por eso tenemos que arbitrar otro sistema que permita avisar a un familiar, si es que lo hubiera, de que el anciando está en una situación de peligro o bien a los servicios de urgencia'.

Otra propuesta aprobada por la Asamblea insta al Ejecutivo a que la Consejería de Medio Ambiente, antes de finalizar el año, presente para su aprobación la Ley de Residuos que contemplará, entre otras cosas, la incorporación de un impuesto sobre la entrega de residuos en vertederos públicos y privados bajo la premisa de 'quien contamina, paga'. 'Se trata de un tributo de carácter disuasorio que grave el depósito de residuos en tierra', señaló el consejero de Medio Ambiente, Pedro Calvo Poch. 'Además contempla la creación de un marco jurídico que impulse nuevos Sistemas Integrados de Gestión de otros residuos diferentes a los envases. Por ejemplo, a las empresas de telefonía les obligaremos a que diseñen nuevos sistemas para el deshecho de teléfonos móviles o de baterías a fin de reciclarlos', dijo Calvo.

Por otro lado, la Consejería de Servicios Sociales está confeccionando una ley de ayuda a la familia que el Gobierno regional, a través de la Consejería de Hacienda, utilizará para rebajar la carga impositiva de las familias dentro de un proyecto de 'protección integral de la familia'. 'A través del nuevo porcentaje del IRPF que recauda el Gobierno regional' [ha pasado del 25% al 33%] estableceremos una nueva cualificación de la deducciones fiscales. No se trata de modificar los porcentajes, si no de establecer nuevos conceptos de desgravación fiscal. Uno de los casos en que estamos trabajando es que las mujeres que hayan sido madres y lleven tres años en paro dispongan de un beneficio fiscal', según el consejero de Hacienda, Juan Bravo.

Propuesta contra el maltrato

Otra propuesta tendente a apoyar a las mujeres que sufran maltrato, presentada por IU, también fue aprobada, aunque suavizada. La propuesta inicial pretendía 'dotar, con carácter inmediato, de los recursos económicos y materiales mínimos necesarios a toda mujer que haya denunciado agresiones'. Con el respaldo de los tres grupos, quedó redactada en el sentido de 'facilitar' en el marco de la ley de Rentas Mínimas que a esas mujeres se les conceda esa ayuda tras presentar denuncia contra su esposo o compañero. IU pretendía también que el Gobierno incluyera en la escuela la asignatura 'educar en igualdad'. El acuerdo quedó reducido a 'incluir esos contenidos' dentro de alguna asignatura.