El Gobierno empieza a legalizar 20 embarcaciones pesqueras de Huelva

La Junta y el Gobierno en su trabajo conjunto contra la pesca furtiva en el litoral andaluz, han intervenido en el último año casi 1.000 embarcaciones. En paralelo, ayer el Ministerio de Pesca decidió iniciar los trámites para legalizar la situación de 20 de las 154 embarcaciones pesqueras de la provincia de Huelva que reclaman regularizar su actividad. Se procederá caso por caso y se estudiará la situación de otros 60 barcos.

Un estudio encargado por la Consejería en 2000 estimaba en 'unas 5.000 ó 6.000 las embarcaciones ilegales del litoral andaluz, de las que casi 4.000 estaban en la...

La Junta y el Gobierno en su trabajo conjunto contra la pesca furtiva en el litoral andaluz, han intervenido en el último año casi 1.000 embarcaciones. En paralelo, ayer el Ministerio de Pesca decidió iniciar los trámites para legalizar la situación de 20 de las 154 embarcaciones pesqueras de la provincia de Huelva que reclaman regularizar su actividad. Se procederá caso por caso y se estudiará la situación de otros 60 barcos.

Un estudio encargado por la Consejería en 2000 estimaba en 'unas 5.000 ó 6.000 las embarcaciones ilegales del litoral andaluz, de las que casi 4.000 estaban en la zona atlántica; Golfo de Cádiz y costa de Huelva', afirma María Dolores Atienza, directora general de Pesca de la Junta. Desde entonces la cifra se ha reducido en más de mil unidades, la mayor parte de ellas intervenidas por los servicios de inspección pesquera de la Junta, en colaboración con la Guardia Civil.

En paralelo, se ha producido la regularización de algunos barcos pequeños. Este es el caso que se trató ayer en Madrid en una reunión en el Ministerio de Agricultura y Pesca: 154 embarcaciones de Isla Cristina (52), Ayamonte (28), Lepe (25), Punta Umbría (23), Cartaya (15), Huelva (6) y Palos (5), reclaman que se regularice su situación. Una nota del Ministerio puntualizaba que se buscaría una solución con 'pleno respeto a la legislación', de manera 'gradual y progresiva', para quienes 'cumplan una serie de requisitos'. La decisión definitiva sería adoptada, según la nota ministerial, 'con el consenso de las comunidades autónomas'.

Según fuentes de los asistentes, en el primer grupo de embarcaciones estarían las inscritas en los registros de flota pesquera operativa y de marina mercante. Se trata de unos 20 barcos. También se estudiará la situación de los aproximadamente 60 que están sólo inscritos en un censo. Para resaltar que este proceso de regularización forma parte de la lucha contra la pesca furtiva, la nota emitida por la Secretaria general de Pesca del Ministerio resaltaba que 'todos los asistentes han coincidido en apoyar la necesidad de atacar la forma decidida la pesca ilegal'.

Antes de partir para la reunión informal de ministros de Agricultura que se celebra hoy en Dinamarca, el ministro Arias Cañete recordó que el caladero andaluz se encuentra 'sobrexplotado'. Justificó la intervención de la Guardia Civil la semana pasada en Zahara de los Atunes contra la pesca ilegal y explicó que estos pesqueros faenan muy próximos a la costa, sin sujetarse a ninguna regulación ni de seguridad en la mar, ni de técnicas y artes pesqueras, con lo cual, están produciendo un enorme deterioro del caladero nacional, máxime cuando hemos tenido que hacer un esfuerzo de acumulación de flota que ha procedido de Marruecos'.

Sobre este mismo tema, ayer el consejero de Agricultura y Pesca de la Junta, Paulino Plata, solicitó al ministro que convoque una conferencia sectorial específica 'para abordar exclusivamente la regulación del sector que faena en condiciones de alegalidad'. Plata propone un amplio consenso sobre este problema entre el sector, los ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno. Con un calendario; antes de enero de 2003, para que entren dentro de los planes de ayudas de la Unión Europea.

En Málaga se han retirado 280 embarcaciones ilegales en los últimos tres años, en Cádiz 270 y en Huelva unas 180, según Atienza. El delegado de Pesca de la Junta en Málaga, José María Rodríguez, subraya la doble ilegalidad de este tipo de barcos: 'No cumplen las medidas de seguridad, no están dados de alta ni el patrón ni los tripulantes y no pagan impuestos, que deberían ser importantes, porque aquí en Málaga hemos calculado que en el mercado negro una embarcación puede facturar entre 1.800 y 3.000 euros. Y en segundo lugar suelen pescar inmaduros'.