Arenas y Chaves se dan hasta enero para resolver los traspasos pendientes
El ministro muestra su 'voluntad' de pactar el pago de la deuda del Estado a Andalucía
La negociación de la deuda del Estado a Andalucía por el anterior modelo de financiación autonómica, al que la comunidad no se acogió, y el traspaso de las políticas de empleo ya tienen fecha. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, acordaron ayer abrir dos mesas de trabajo para que los Presupuestos Generales de 2003 recojan las partidas correspondientes y todo quede resuelto para el 1 de enero.
Las relaciones entre el Gobierno y la Junta andaluza estaban en un punto muerto debido al enfrentamiento que mantienen ambas administ...
La negociación de la deuda del Estado a Andalucía por el anterior modelo de financiación autonómica, al que la comunidad no se acogió, y el traspaso de las políticas de empleo ya tienen fecha. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, acordaron ayer abrir dos mesas de trabajo para que los Presupuestos Generales de 2003 recojan las partidas correspondientes y todo quede resuelto para el 1 de enero.
Las relaciones entre el Gobierno y la Junta andaluza estaban en un punto muerto debido al enfrentamiento que mantienen ambas administraciones, fundamentalmente por dos asuntos pendientes: las transferencias de las políticas activas de empleo a la comunidad (prometidas en 1998), y las liquidaciones presupuestarias del anterior modelo de financiación (1997-2001). Recientemente la Audiencia Nacional ha dado la razón a la Junta en la liquidación del presupuesto de 1997. El resto de los ejercicios hasta 2001 están también recurridos.
El presidente de la Junta mostró su 'satisfacción' porque se ha establecido un horizonte temporal concreto para el cierre de la negociación (enero de 2003) y su éxito o fracaso se medirá en las dotaciones financieras que deberán reflejar los Presupuestos Generales del Estado del año próximo.
Chaves admitió que procesos como este se han iniciado muchos en los últimos años, 'casi todos fracasados', pero matizó que esta vez puede haber un 'cambio cualitativo' en las maltrechas relaciones institucionales entre Madrid y Sevilla. Según Chaves, el Gobierno es consciente de que está en una posición muy difícil, ya que la petición de la Junta en la financiación está avalada en una sentencia favorable de la Audiencia Nacional, y respecto a las políticas de empleo, existe un informe del propio ministerio que dice que Andalucía está a la cola de las transferencias. 'Está claro que no recurríamos por recurrir. La teoría de la confrontación ha quedado desmontada con estos dos documentos, y eso me hace pensar que la negociación puede dar buenos resultados', declaró.
El ministro Arenas anunció que con toda celeridad se abrirán sendas mesas de trabajo con dos departamentos implicados, y refirió que la 'voluntad' del Gobierno es renunciar a la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional favorable a la Junta en la liquidación del ejercicio de 1997. Según Arenas, la decisión está a expensas de unos informes jurídicos de la Administración del Estado y dijo que no recurrir 'es un escenario posible'. La expectación no durará mucho, ya que el plazo para que el Gobierno agote esta vía expira el próximo día 18.
El acuerdo entre las dos administraciones es que las negociaciones continuarán en el caso de que el Gobierno recurra, como ya avisó hace un mes el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, al consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías. Elorriaga hizo saber a la Junta que la 'lógica que tiene la Administración es siempre agotar la vía jurídica', según contó el propio Zarrías. Manuel Chaves se limitó ayer puntualizar: 'Las conversaciones no se van a interrumpir, pero sería un gesto negativo, una mala señal, que entraría en contradicción con esa voluntad de diálogo que ha expresado el Gobierno'.
El presidente de la Junta mantiene en pie su oferta de retirar los recursos que ha ido interponiendo por la financiación autonómica ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional por las liquidaciones presupuestarias y la aplicación de un censo menor de población al real, según el alcance de los posibles acuerdos.
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