El Tribunal de Cuentas sanciona al PSC por superar en un millón de euros el límite de gasto electoral

El Tribunal de Cuentas ha decidido imponer una sanción de 169.248 euros (algo más de 28 millones de pesetas) al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) por excederse en sus gastos electorales en los últimos comicios autonómicos de octubre de 1999. Esta cantidad le será recortada del millón de euros que recibió el partido en concepto de subvención por los resultados obtenidos en aquellas elecciones. El tribunal también propone la elaboración de una ley electoral propia de Cataluña para que la Sindicatura de Cuentas pueda sancionar a los partidos políticos.

Según el informe de fiscaliz...

El Tribunal de Cuentas ha decidido imponer una sanción de 169.248 euros (algo más de 28 millones de pesetas) al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) por excederse en sus gastos electorales en los últimos comicios autonómicos de octubre de 1999. Esta cantidad le será recortada del millón de euros que recibió el partido en concepto de subvención por los resultados obtenidos en aquellas elecciones. El tribunal también propone la elaboración de una ley electoral propia de Cataluña para que la Sindicatura de Cuentas pueda sancionar a los partidos políticos.

Según el informe de fiscalización sobre la contabilidad de los partidos políticos de 1999, aprobado el pasado mes de julio por el Tribunal de Cuentas, el PSC sobrepasó en 1.098.760 euros el límite legal de los gastos electorales en las últimas autonómicas. Esta cantidad tan sólo corresponde a la inversión en propaganda en la provincia de Barcelona, ya que en el resto de las circunscripciones catalanas los socialistas concurrieron en coalición con Iniciativa per Catalunya Verds.

En el caso de Tarragona, Girona y Lleida, aunque el Tribunal de Cuentas reconoce que el PSC e ICV no se excedieron en sus dispendios, también le impone una sanción de 979 euros.

En las autonómicas de 1999, el PSC obtuvo en la provincia de Barcelona algo más de 948.000 votos y 36 escaños, por lo que le correspondió una subvención de un millón de euros, cantidad que ahora se verá reducida en 168.269 euros por la sanción del tribunal. En el resto de provincias, la coalición PSC-ICV consiguió 235.097 votos y 16 escaños, lo que supuso unas ayudas públicas de 101.000 euros.

Con estos datos, y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Régimen Electoral, el PSC verá reducidas sus subvenciones en 169.248 euros. No obstante, los socialistas catalanes han sido el único partido político que ha presentado alegaciones a este informe. El PSC siempre ha asumido el exceso de gasto, si bien lo ha achacado a la 'transparencia' de sus cuentas y reiteradamente ha reclamado un organismo independiente en Cataluña que fiscalice la contabilidad de los partidos políticos.

El Tribunal de Cuentas ha examinado en su informe los gastos declarados por el resto de formaciones. Convergència i Unió también superó en 1999 el límite de gastos por operaciones electorales aunque, en este caso y, según los resultados presentados en los informes de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, tan sólo lo hizo en 40 euros por encima de los 1.847.394 fijados como partida pública. En este caso, el tribunal ha evitado imponer una penalización a los nacionalistas.

Por su parte, el Partido Popular y Esquerra Republicana no superaron el desembolso previsto e incluso se quedaron por debajo de este límite, al igual que Iniciativa per Catalunya Verds.

Otro caso distinto es el de las formaciones Esquerra Unida i Alternativa y Els Verds/Federació Ecologista de Catalunya, en cuyos casos el Tribunal de Cuentas obliga a que devuelvan al órgano otorgante los anticipos recibidos en 1999 por gastos electorales, fijados en 23.635 euros, puesto que, según la ley electoral, a ninguna de las dos les corresponde percibir subvenciones electorales.

Falta de legislación

La sanción del Tribunal de Cuentas será la única que afecte al Partit dels Socialistes ya que la Sindicatura de Cuentas, a pesar de que también fiscalizó la contabilidad electoral y evidenció el exceso de gasto de los socialistas, se negó a imponerles una penalización arguyendo falta de competencias en esta materia.

En este sentido, el tribunal considera que la falta de desarrollo normativo del Estatut de Catalunya 'produce incertidumbre' en cuanto a las competencias fiscalizadoras de la Sindicatura. El órgano estatal estima necesaria una regulación 'más precisa' de la contabilidad electoral que, según aconseja, podría verse impulsada mediante la aprobación de una ley electoral autonómica.