Las calles de Madrid soportan más de 9.500 zanjas en seis meses

Las 16 empresas de servicios y los particulares abrieron 9.535 zanjas en las calles de la capital en los primeros seis meses del presente año (unas 1.100 menos que en el mismo periodo de 2001). La ordenanza de Obras, Servicios e Instalaciones en las Vías y Espacios Públicos, que entró en vigor el pasado 24 de junio, pretende impedir que la ciudad esté permanentemente agujereada. Como mínimo deberán transcurrir cuatro años entre que se abre una canalización de servicios y su reapertura. Las compañías están obligadas a informarse mutuamente de sus actuaciones, para evitar dobles aperturas.
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Las 16 empresas de servicios y los particulares abrieron 9.535 zanjas en las calles de la capital en los primeros seis meses del presente año (unas 1.100 menos que en el mismo periodo de 2001). La ordenanza de Obras, Servicios e Instalaciones en las Vías y Espacios Públicos, que entró en vigor el pasado 24 de junio, pretende impedir que la ciudad esté permanentemente agujereada. Como mínimo deberán transcurrir cuatro años entre que se abre una canalización de servicios y su reapertura. Las compañías están obligadas a informarse mutuamente de sus actuaciones, para evitar dobles aperturas.

El calvario ciudadano respecto a las molestias causadas por las 24.000 zanjas abiertas anualmente en las calles de Madrid va a verse sustancialmente mitigado. Al menos esto es lo que permite columbrar la nueva ordenanza municipal sobre calas, acometidas y canalizaciones que desde el 24 de junio aplica el departamento de Conservación de Vías Públicas del Ayuntamiento de Madrid y que sustituye a una anterior que ha imperado durante los últimos ocho años.

Su característica primordial consiste hoy en su adecuación a la ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que entró en vigor en agosto del pasado año. Tres son las principales innovaciones que la nueva ordenanza introduce. Regula por vez primera el tendido de los 2.000 kilómetros de cable de fibra óptica previstos para su despliegue bajo la ciudad hasta el año próximo. Impide a las 16 grandes compañías que realizan canalizaciones -perforaciones de más de 25 metros de longitud- reabrirlas en un plazo de cuatro años. Y obliga a estas empresas a intercambiar informaciones para permitir aprovechar comúnmente cada zanja y evitar molestias a los ciudadanos.

La nueva ordenanza ahora en vigor ha permanecido en fase de elaboración desde diciembre de 2001. Establece que las calas son aperturas de suelo de anchura inferior a 1,5 metros y de longitud inferior a 25 metros o bien, si su anchura excede 1,5 metros, aquellas que no superan los 15 metros cuadrados de superficie. En cuanto a las acometidas, de longitud inferior a 25 metros, son tramos de una red de servicio de suministro a una única finca. Las canalizaciones son aperturas de pavimento de anchura inferior a 1,5 metros y de longitud superior a los 25 metros.

Comoquiera que calas, acometidas y canalizaciones obedecen a licencias de entidades de servicios y también a peticiones de particulares, las perforaciones deberán ser convenientemente valladas e informar al vecindario detalladamente de qué tipo de actuación se trata. 'Cada particular que desea hacer una acometida, tiene derecho a que le sea satisfecha su demanda', dice un técnico municipal del departamento de Vías Públicas. Ello amplía muchísimo el número de obras: sólo entre los meses de enero y junio -en los que la nueva ordenanza no había entrado aún en vigor- la ciudad de Madrid sufrió 3.358 calas, 5.504 averías y 673 canalizaciones, según la Concejalía de Obras. En el mismo período del año pasado el número de calas fue de 4.864; las canalizaciones, 728; y las averías reparadas 5.056 (lo que significa 1.113 agujeros más en 2001).

El Ayuntamiento ha abierto, durante el primer semestre del presente año, 597 expedientes sancionadores que podrían acarrear multas de 1,8 millones de euros.

De las 11.600 obras realizadas, tanto en el pavimento como sobre él durante el semestre pasado, unas 5.500 corresponden a averías. Ocho de cada diez de estas averías (unas 4.400) se producen en las conducciones de suministro de agua del Canal de Isabel II, según fuentes municipales. El técnico consultado forma parte del equipo de 50 personas, entre ellos 21 inspectores, que supervisa diariamente unas 400 obras en Madrid. El grupo lo dirige un ingeniero de Caminos, que cuenta con cuatro ingenieros técnicos de Obras Públicas, un abogado, dos informáticos, un delineante y cinco administrativos, más veinte funcionarios municipales. Si existe alguna incorrección, proponen la apertura de expediente sancionador tras tomar fotos con una cámara digitalizada.

Sanciones millonarias

La nueva ordenanza, que atribuye al concejal de Obras, al alcalde o a la Comunidad de Madrid el poder sancionador, según la entidad de la falta, fija las sanciones menos graves de 600 euros a 30.000 euros; de 30.000 a 600.000 euros, las graves; y de 600.001 euros a 3 millones de euros, las de gravedad máxima. Este último supuesto sería el que se aplicaría en el caso de que una zanja bloqueara por completo un paso de peatones.

La entidad que acomete una perforación está obligada a pagar la repavimentación del trecho tratado. Los inspectores expiden el abonaré correspondiente a los autores de las obras que, previamente, habrán de pedir la apertura de la zanja mediante escrito en el que conste el objeto, el trecho abarcado, un plano de la actuación y el presupuesto. Si se trata de una empresa de servicios, deberá acreditar que ha informado de su propósito a las otras 15 empresas.

El departamento de Conservación de Vías Públicas, que dispone de hasta tres meses para resolver una solicitud para picar en el asfalto, emplea 17 días en autorizarla o denegarla. Pero, desde que la concede hasta que autoriza el inicio de la obra pueden mediar hasta ocho meses, según la nueva ordenanza.

En diciembre, los madrileños podrán consultar, a través de Internet, un plano donde figurarán las zanjas autorizadas que hay abiertas en ese momento, según Elena Utrilla, concejal de Obras.