La pugna entre casinos y bingos ilustra la distancia entre Olivas y Zaplana

Eduardo Zaplana se esfuerza por garantizar la continuidad de su gestión al frente del Consell y llegó a asegurar el sábado que el proyecto del PP 'trasciende' a las personas que lo encarnan. Pero su precipitada salida deja en el aire buen número de proyectos. El conflicto de intereses que afrontan los empresarios de bingos y casinos a raíz de la nueva reglamentación prevista para las salas de juego ilustra las diferencias entre Zaplana y José Luis Olivas.

La Comisión Técnica del Juego ha elaborado un nuevo reglamento de casinos que permite a las dos empresas que operan en Puçol y La Vil...

Eduardo Zaplana se esfuerza por garantizar la continuidad de su gestión al frente del Consell y llegó a asegurar el sábado que el proyecto del PP 'trasciende' a las personas que lo encarnan. Pero su precipitada salida deja en el aire buen número de proyectos. El conflicto de intereses que afrontan los empresarios de bingos y casinos a raíz de la nueva reglamentación prevista para las salas de juego ilustra las diferencias entre Zaplana y José Luis Olivas.

La Comisión Técnica del Juego ha elaborado un nuevo reglamento de casinos que permite a las dos empresas que operan en Puçol y La Vila Joiosa abrir salas anexas en localidades como Valencia o Benidorm.

Los empresarios de bingos consideran que tal novedad introduce una dura competencia para un sector muy saturado en la Comunidad Valenciana y que sobrevive a duras penas. Y han presentado alegaciones contra la posibilidad de que los casinos puedan abrir salas en las grandes ciudades y destinos turísticos.

La última reunión de la Comisión Técnica del Juego debía visar el nuevo reglamento, según constaba en el orden del día de la convocatoria. Pero el punto relativo al decreto sobre casinos fue suprimido unilateralmente por la Administración autonómica sin más explicaciones.

Jesús Álamo, propietario del casino de La Vila Joiosa, un hombre que arrastra una larga relación profesional y personal con José Luis Olivas, no pudo ocultar su indignación ante la alteración de la agenda y la congelación del decreto, según fuentes presentes en la reunión.

Uno de los grandes beneficiarios de la paralización del nuevo reglamento resulta ser Alfredo García Murcia, poderoso empresario de bingo con numerosos locales operativos en Murcia y Alicante, a quien se atribuye una magnífica relación personal con Eduardo Zaplana.

La evolución del decreto afecta a un sector muy concreto, pero pone de manifiesto las dificultades para dejarlo todo atado y bien atado que se arroga el ex presidente.

José Luis Olivas fue representante legal de Jesús Álamo, propietario de la empresa productora de tragaperras Acrismatic y titular del casino de La Vila Joiosa, tras un complicado procedimiento administrativo diseñado para impedir cualquier posible competencia en la concesión. Casinos del Mediterráneo, empresa que presiden Álamo y su esposa, obtuvo la autorización para explotar el casino en diciembre de 1998, cuando Olivas era titular de la Consejería de Hacienda.

Tanto Álamo como Manuel Lao, presidente del potente grupo Cirsa, han mostrado su interés por abrir salas anexas a las sedes principales de los dos casinos que operan en la Comunidad Valenciana en Benidorm o Alicante, en un caso, y en Valencia, en el otro.

Un nuevo reglamento de casinos elaborado por la comisión técnica del juego abría esa posibilidad. El texto apenas introducía ligeros retoques en el decreto vigente desde octubre de 1994, pero una de ellas levantaba la restricción para instalar salas anexas a las sedes principales en un radio de 60 kilómetros, una cautela introducida para impedir que se instalaran casinos en las capitales.

El reglamento debía ser visado por la comisión técnica antes de ser aprobado por el Consell. La órgano tenía previsto discutir el asunto en su última reunión. Pero Cristina Serrano, secretaria general de la Consejería de Hacienda, comunicó a los presentes en la mesa que quedaban pendientes determinadas precisiones fiscales para sacar adelante el decreto.

Fuentes del sector aseguran que Álamo expresó su malestar ante las dilaciones en la aprobación del decreto y subrayó que los empresarios habían notificado su posición respecto a las cuestiones fiscales con suficiente antelación para evitar problemas.

Uno de los presentes en la reunión recuerda que los empresarios de bingo habían formulado severas alegaciones contra el nuevo decreto. Y apunta directamente a los intereses de Alfredo García Murcia, poderoso empresario de bingo y propietario de varias salas en las provincias de Alicante y Murcia, y a su privilegiada relación con Eduardo Zaplana como desencandenante de la sorprendente decisión administrativa de congelar el decreto.

Otras fuentes próximas al sector de juego sugieren que la magnífica relación entre Olivas y Álamo permitirá desbloquear el decreto y acelerar la autorización para abrir salas anexas a los casinos en las grandes ciudades. La evolución del reglamento aclarará hasta qué punto Zaplana se va pero no se ha ido, como comentó el sábado.