Relevo en el Consell Valencià de Cultura
Además de las dificultades propias de toda negociación política en la que se confrontan intereses partidarios, criterios y hasta temperamentos, resulta que el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, complican sus relaciones y acuerdos faltando no pocas veces a la confidencialidad y endosándose recíprocamente la culpa de aquello que no les conviene. A este paso será inevitable que sus conversaciones se celebren ante fedatarios públicos con el fin de que conste claramente quién dijo qué en cada ocasión. Llegados a este punto, ambos habrán de admitir q...
Además de las dificultades propias de toda negociación política en la que se confrontan intereses partidarios, criterios y hasta temperamentos, resulta que el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, complican sus relaciones y acuerdos faltando no pocas veces a la confidencialidad y endosándose recíprocamente la culpa de aquello que no les conviene. A este paso será inevitable que sus conversaciones se celebren ante fedatarios públicos con el fin de que conste claramente quién dijo qué en cada ocasión. Llegados a este punto, ambos habrán de admitir que se han homologado como dirigentes taimados. O sea, que más les valdría hablar sin marcar las cartas o esconderse alguna en la manga.
La última trapisonda de este género se acaba de producir a propósito del estatuto de los ex presidentes de la Generalitat y la condición vitalicia del beneficio previsto. Como quiera que esta largueza -pagar de por vida un retiro dorado a cargo de los dineros públicos- no ha tenido buena prensa, los citados políticos se han apresurado a endosarle la iniciativa al prójimo, sin reparar en el hecho de que el desvarío fue consensuado y que, a la postre, tanto vale para el caso ser dante como tomante. ¿O es que uno de ellos lo impuso imperativamente? Mientras no se demuestre con pelos y señales otra cosa, comparten el error y la responsabilidad. Quien de ellos quiera sacudírsela, que proceda a la demostración.
Con este engorro quemándoles las manos, Zaplana y Pla han de abordar conjuntamente otra de las asignaturas pendientes desde hace un año: la renovación parcial -diez de los 21 miembros, además de cubrir la baja de uno fallecido- del Consell Valencià de Cultura. Tiempo para madurar las candidaturas no les ha faltado y, sin embargo, a las primeras de cambio se constata que no será un trámite cómodo. Así se desprende de los reparos o espinas que se han puesto para que prospere la candidatura del obispo auxiliar emérito Rafael Sanus. Alguien deberá explicar un día los motivos de que se le desestime, pues no quiero ni pensar, por carecer de pruebas, que la bola negra haya sido echada por presiones eclesiales. De confirmarse, no sólo estaríamos ante un escándalo por las interferencias clericales en los asuntos del César, sino también ante una persecución a la que se hubiesen resistido los leones de Nerón. Lo que sea, se verá.
Cuando escribimos estas líneas no se ha dicho todavía una palabra acerca de los restantes candidatos que proponen y chalanean socialistas y populares. Tanta discreción es una rareza, dada la afición que se tiene por estos pagos a las filtraciones interesadas. Lo bien cierto es que cuando esta semana las Cortes alumbren a los diez de la suerte nos ocurrirá como con la selección de Camacho: pensaremos que los mejores se han quedado fuera. No obstante, de los beneficiados con esta distinción y complemento salarial hay que esperar algo más que su participación en las numerosas comisiones, sesiones, ponencias e informes que produce la docta casa. Es impresionante la cantidad de dictámenes que emite y las publicaciones que edita, tal como se anota en su memoria anual. La laboriosidad, pues, no sólo se les supone, sino que se podrá medir en resmas.
No obstante, de esta nueva leva de consejeros -¿y consejeras?- hay que esperar algo más, como decimos. En primer lugar, afrontar la tarea de convertir esta institución de la Generalitat en un referente del conjunto del País Valenciano, y no sólo de su cap i casal como tan a menudo aparenta ser. Para ello es insoslayable que junto a la calidad de sus pronunciamientos exhiba en todo momento independencia de criterio para aconsejar -que eso es lo que le concierne: aconsejar y asesorar- en los asuntos conflictivos. Es ahí donde ha de arriesgar su crédito y prestigio para que su voz, sin ser legalmente imperativa, sea audible y escuchada en todos los trances, y no un mero formalismo.
A lo peor, el sistema electivo no es el más adecuado para garantizar este objetivo, pero no hay por ahora otro, o hay que mejorar los sistemas de trabajo concertando la colaboración eventual de talentos ajenos a ese cónclave. En fin, que sería plausible una reflexión autocrítica del Consell en el horizonte de su tercer lustro.
ARBITRARIOS E IMPRUDENTES
La Consejería de Educación se ha metido en un buen fangal al establecer el requisito lingüístico en las oposiciones a la docencia y no validar como adecuada la titulación en Filología Catalana. Una arbitrariedad, además de un despropósito que, por clamoroso, difícilmente será amparado por los tribunales de justicia. Por eso se nos antoja una imprudencia que el Tribunal Superior de Justicia no haya resuelto que, como medida cautelar, los citados filólogos puedan presentarse a los exámenes en tanto se sustancia el contencioso planteado. Es una cuestión de sentido común que, por desdeñarla, puede desmadrar el conflicto. Qué burrera.
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