Las máquinas parten La Punta sin orden de desalojo, según los vecinos

Los camiones y excavadoras que construyen el nuevo acceso ferroviario al puerto de Valencian invadieron ayer una franja de las huertas más valiosas de la ciudad en el barrio de La Punta escoltados por la policía nacional. Los vecinos afectados, que consideran ilegal la obra que partirá La Punta en dos antes de que la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) termine de expulsarles de sus tierras, afirman que ni la constructora ni los agentes les mostraron ninguna orden de desalojo.

Tras dos meses y medio de vigilante espera junto a la carrera del Río, la calle que enlaza Natzaret con Pinedo,...

Los camiones y excavadoras que construyen el nuevo acceso ferroviario al puerto de Valencian invadieron ayer una franja de las huertas más valiosas de la ciudad en el barrio de La Punta escoltados por la policía nacional. Los vecinos afectados, que consideran ilegal la obra que partirá La Punta en dos antes de que la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) termine de expulsarles de sus tierras, afirman que ni la constructora ni los agentes les mostraron ninguna orden de desalojo.

Tras dos meses y medio de vigilante espera junto a la carrera del Río, la calle que enlaza Natzaret con Pinedo, para impedir la entrada de las excavadoras en La Punta, los vecinos afectados vieron ayer cómo operarios, camiones y excavadoras, escoltados por una veintena de agentes de la policía nacional llegados en cuatro furgones, pegaban un mordisco de doscientos metros a las huertas, junto al camino conocido como la entrada de Vázquez. El nuevo acceso ferroviario al puerto partirá en dos las 70 hectáreas de fértiles terrenos que luego serán ocupados por la ZAL del puerto, el polígono diseñado para dar valor añadido a las mercancías portuarias.

Los vecinos, que aseguran que la obra es ilegal porque 'el proyecto definitivo no ha sido expuesto a información pública' ni ha 'concluido el proceso de expropiación forzosa' (dicen que todavía les están llegando las actas de apreciación), denunciaron ayer que ni la policía ni la constructora les enseñaron los permisos de la obra ni las órdenes judiciales de desalojo.

A preguntas de los periodistas, los trabajadores en el terreno se negaron a dar ninguna información sobre los permisos, y los agentes dijeron que habían recibido órdenes de sus superiores de que tenían que escoltar la entrada de las máquinas en las huertas.

Carmen González, presidenta de la Asociación de Vecinos La Unificadora de La Punta, criticó al delegado del Gobierno, Francisco Camps, que en una reciente reunión informal con los afectados les prometió, según aseguran éstos, que nadie entraría en sus tierras hasta que no se culminaran los expedientes de expropiación y, en todo caso, sin avisarles previamente de la ocupación.

'Están practicando la táctica de los hechos consumados', denunció Carmen González, ya que, según dijo, los jueces todavía no se han pronunciado sobre la legalidad de la obra ni han respondido a su petición de paralización cautelar de todas las obras en La Punta.