El Ayuntamiento de Málaga cree que la basura acumulada por la huelga supone un riesgo sanitario
Salud no ve peligro y Empleo replica que los servicios mínimos establecidos son adecuados
Unas 3.500 toneladas de basura se acumulan en las calles de Málaga al entrar en su séptimo día la huelga indefinida convocada por los trabajadores de la empresa Limasa, encargada del servicio de limpieza, para reivindicar dos días de descanso a la semana. Al cierre de esta edición, la empresa y el comité participaban en la cuarta reunión negociadora desde que comenzó el conflicto. Las tres anteriores concluyeron sin acuerdo. El Ayuntamiento reclamó un aumento de los servicios mínimos al entender que existía un problema de salud pública, pero la Junta replicó que eran 'adecuados'.
El pri...
Unas 3.500 toneladas de basura se acumulan en las calles de Málaga al entrar en su séptimo día la huelga indefinida convocada por los trabajadores de la empresa Limasa, encargada del servicio de limpieza, para reivindicar dos días de descanso a la semana. Al cierre de esta edición, la empresa y el comité participaban en la cuarta reunión negociadora desde que comenzó el conflicto. Las tres anteriores concluyeron sin acuerdo. El Ayuntamiento reclamó un aumento de los servicios mínimos al entender que existía un problema de salud pública, pero la Junta replicó que eran 'adecuados'.
El principal escollo es la exigencia de los trabajadores de la segunda jornada de descanso a la semana. Según la empresa, la reivindicación supondría un incremento de los costes del 36% y equivaldría a 6 millones de euros. Sobre las 22.30, después de dos horas de reunión, trascendió que Limasa ofreció al comité la segunda jornada de descanso, a cambio de recortes en pluses y en los días de asuntos propios. Los sindicatos continuaban negociando pero aclararon que la oferta era 'un retroceso inaceptable en derechos consolidados'.
Pero ayer, el conflicto saltó del ámbito laboral al político. El alcalde, Francisco de la Torre, acusó a la Delegación de Salud de actuar 'con desinterés o negligencia' frente a la acumulación de basura. 'Los trabajadores tienen derecho a la huelga, pero acompasado con el derecho de los ciudadanos a unos servicios suficientes, aunque sean mínimos', criticaba De la Torre para reclamar a continuación un incremento de los servicios mínimos hasta el 40 o el 50%.
Salud esgrimía que no existía riesgo sanitario y que la situación no era de su competencia. Técnicos municipales explicaron que para que la Delegación de Empleo acordara un incremento de los servicios mínimos, era necesario un informe de Salud que justificara ese aumento en los riesgos sanitarios que suponía la acumulación de residuos.
Empleo tampoco estimó procedente subir los servicios mínimos que, cubiertos con 224 trabajadores, suponen el 22,4% de la plantilla. 'Un porcentaje adecuado si se cumplen correctamente, además de estar fijados por encima de la media de los que se han implantado en otras capitales como Sevilla o Cádiz en situaciones similares', según la Delegación. En un comunicado, Empleo apuntó: 'Lamentamos que ante esta situación, De la Torre busque, como tantas otras veces, responsabilidades ajenas y que no sea capaz de asumir las suyas propias como alcalde de la ciudad y como socio de Limasa'. El ayuntamiento tiene el 49% de las acciones y el 51% corresponde a empresas privadas.
Ante la posición adoptada por Salud y Empleo, el Ayuntamiento recordó que en 1993, durante la gestión del alcalde socialista Pedro Aparicio, cuando se cumplía el sexto día de huelga y había 3.200 toneladas de basura sin recoger, la Junta amplió los servicios mínimos al 50%. Por su parte, UGT no descartó acciones legales contra el empleo de trabajadores de los servicios operativos municipales en la recogida de residuos por entender que vulneraba su derecho a la huelga.
Calles cortadas con residuos y contenedores
Málaga presentaba ayer un aspecto tercermundista. La basura y el hedor inundaban las calles. Y no sólo por los efectos de los seis días de huelga, sino por los cortes de calle protagonizados por personas no identificadas que esparcieron contenedores y bolsas de residuos en distintas zonas de la ciudad. Las protestas -que el domingo se centraron en el distrito de Huelin y ayer tuvieron como escenario la Carretera de Cádiz- obligaron a desviar el tráfico y provocaron importantes retenciones. Ante la cantidad de basura que bloqueaba la circulación, tuvo incluso que intervenir una excavadora para poder despejar esa vía de salida de la ciudad. Ante el aspecto nauseabundo que presentaba la capital, la Delegación de Salud precisó que la basura acumulada suponía 'un problema de insalubridad' pero no 'un riesgo para la salud pública'. En un comunicado apuntó que la descomposición de los residuos esparcidos por la ciudad -que se calculan en unas de 3.500 toneladas- 'favorece la proliferación de roedores e insectos' y que éstos podían 'transportar microorganismos de las basuras a los ambientes donde vive el hombre', pero que era 'poco problable que pasen a la cadena alimentaria humana o que se produzca contagio de alguna enfermedad'. Además, la Delegación se declaró 'ajena' al conflicto entre 'trabajadores, empresa y Ayuntamiento' y recordó que desde 1998, con la Ley de Salud de Andalucía, el control en estos casos no es competencia de la Administración autonómica, sino de los municipios. Según la empresa, desde que comenzó la huelga el miércoles pasado, han sido quemados un centenar de contenedores. El gerente, Ignacio Menéndez, dijo desconocer quiénes eran los autores de estos actos vandálicos. Algunos trabajadores denunciaron también que desconocidos habían roto los cristales de sus coches. En declaraciones a la SER, el presidente del comité, Miguel Ángel del Puerto, acusó a Limasa de no hacer una distribución equitativa de los servicios mínimos, cubriendo unas zonas todos los días y dejando otras desasistidas para provocar un problema de salud pública y reventar la huelga.