La Audiencia Nacional admite a trámite una denuncia contra antiguos directivos de Telefónica
La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia del letrado Juan Francisco Franco Otegui contra seis directivos de Telefónica en 1996 por presuntos fraudes y delitos societarios. Los denunciados son: Juan Villalonga Navarro, José María Concejo Álvarez, Luis Martín Bustamente, José María Mas Millet, José Javier Echenique Landiribar, Javier Revuelta del Peral y el auditor Eduardo Sanz Hernández.
La denuncia considera delictivo el acuerdo de la Junta General de Accionistas de Telefónica del 21 de marzo de 1997 relativo a la emisión de obligaciones...
La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia del letrado Juan Francisco Franco Otegui contra seis directivos de Telefónica en 1996 por presuntos fraudes y delitos societarios. Los denunciados son: Juan Villalonga Navarro, José María Concejo Álvarez, Luis Martín Bustamente, José María Mas Millet, José Javier Echenique Landiribar, Javier Revuelta del Peral y el auditor Eduardo Sanz Hernández.
La denuncia considera delictivo el acuerdo de la Junta General de Accionistas de Telefónica del 21 de marzo de 1997 relativo a la emisión de obligaciones convertibles con exclusión del derecho preferente de suscripción de los socios.
También se denuncian las retribuciones conocidas como stock options, suscritas entre Telefónica y un centenar de directivos en 1997, y los beneficios ficticios y ocultación de pérdidas en el ejercicio de 1998 para que no resultara afectada la cotización de las acciones y no perjudicase las ganancias.
La Audiencia ha revocado el auto del juez Guillermo Ruiz Polanco, que no admitió a trámite la denuncia, y ha declarado que la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos que aparentemente tienen caracteres de delito de fraude .
Al contrario que Ruiz Polanco, el tribunal considera que los hechos 'sí pueden producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia, tanto por el montante económico de las operaciones que se relatan como por el número de accionistas de Telefónica, presuntamente perjudicados'.