L'Aliança contrató a Europraxis estando tutelada por la Generalitat

La consultora Europraxis, cofundada por Josep Pujol Ferrusola, hijo del presidente de la Generalitat catalana, trabajó para l'Aliança,principal mutua de Cataluña y en crisis endémica desde hace una década, en el mismo periodo en que el Gobierno catalán la tenía bajo medidas cautelares. Estos controles le fueron impuestos en noviembre de 2000 para que la mutua reconociera un pasivo de 4.285 millones de pesetas. El levantamiento de las medidas tuvo lugar en octubre de 2001, el mismo mes en que L'Aliança emitió su última factura a Europraxis por varios informes, valorados en 109.669,93 euros.
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La consultora Europraxis, cofundada por Josep Pujol Ferrusola, hijo del presidente de la Generalitat catalana, trabajó para l'Aliança,principal mutua de Cataluña y en crisis endémica desde hace una década, en el mismo periodo en que el Gobierno catalán la tenía bajo medidas cautelares. Estos controles le fueron impuestos en noviembre de 2000 para que la mutua reconociera un pasivo de 4.285 millones de pesetas. El levantamiento de las medidas tuvo lugar en octubre de 2001, el mismo mes en que L'Aliança emitió su última factura a Europraxis por varios informes, valorados en 109.669,93 euros.

Fuentes próximas a la mutua aseguraron ayer que el entonces director general de l'Aliança, Ramón Carranza, nunca pensó en implicaciones políticas para zafarse del acoso de la Generalitat y que Europraxis no fue la única firma tanteada. Así, la contrató sin consultar la elección al consejo de administración, 'porque la cuantía del contrato no era de envergadura'.

Europraxis se presenta en su propia web como consultora especializada en telecomunicaciones, gran consumo, turismo, ocio, e-consulting y servicios financieros, pero no hay rastro de especialización en cuestiones sanitarias.

Indra, la compañía que cerró la compra de Europraxis el 5 de abril de 2001 para ganar presencia en el mercado catalán, subrayó ayer que también ha trabajado para compañías de seguros. Sin embargo, l'Aliança es una mutua de previsión social especializada en servicios sanitarios. Un tercio de sus 180 millones de euros de ingresos procede del Servicio Catalán de la Salud (SCS), público.

La mutua, con más de 200.000 socios, arrastra una crisis sangrante desde 1993, año en que la Generalitat inició una década de inspecciones y controles intermitentes, incluidas dos intervenciones: la primera, entre 1997 y principios de 1999; la segunda, el pasado mes de marzo, por facturación irregular, lo que comportó el cese de Carranza. Este directivo había sido aupado por el propio Ejecutivo catalán en 1996, pero acabó siendo una de sus bestias negras.

Economía no sabía

Entre noviembre de 2000 y octubre de 2001, l'Aliança estuvo también bajo la lupa del Departamento de Economía y Finanzas, que ayer informó de que las medidas de control impuestas consistían en el bloqueo de operaciones patrimoniales y en el seguimiento de un plan de rehabilitación, con lo que 'la Generalitat no tenía por qué enterarse de otras cuestiones'. Lo cierto es que en ese contexto Carranza requirió los servicios de Europraxis para buscar nuevas fuentes de ingresos.

Esta firma realizó varios informes, no bajo la batuta de Josep Pujol Ferrusola, accionista de Europraxis hasta el pasado diciembre, sino del consultor Joan Vergès, con quien Pujol Ferrusola había cofundado esta firma en 1994. Su hermano Ramon Vergès ya había trabajado para l'Aliança en 1993, motivo por el que Indra justifica tener a l'Aliança como cliente.

A un primer informe general se sucedieron otros específicos sobre la medicina natural y la cirugía estética, en que la mutua no se ha llegado a meter. El encargo se formalizó el 2 de agosto de 2001. La primera factura se emitió en septiembre, y la última, cobrada en enero de 2002, el 10 de octubre de 2001. En ese mes, Economía levantó las medidas cautelares.