El Ejecutivo unifica en toda la región la asistencia doméstica a necesitados

El Gobierno regional hizo público ayer el decreto que regula y unifica la asistencia a domicilio en toda la Comunidad. La norma fija los requisitos exigidos para poder acceder a estas ayudas, así como el carácter de cada una de ellas. Hasta ahora era cada ayuntamiento el que decidía quiénes se beneficiaban del servicio, financiado en un 80% por el Ejecutivo regional. Éste prevé que 25.000 personas recibirán este año asistencia en sus hogares.

'Homogeneizar la prestación del servicio de asistencia a domicilio'. Ése es el objetivo del decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno regio...

El Gobierno regional hizo público ayer el decreto que regula y unifica la asistencia a domicilio en toda la Comunidad. La norma fija los requisitos exigidos para poder acceder a estas ayudas, así como el carácter de cada una de ellas. Hasta ahora era cada ayuntamiento el que decidía quiénes se beneficiaban del servicio, financiado en un 80% por el Ejecutivo regional. Éste prevé que 25.000 personas recibirán este año asistencia en sus hogares.

'Homogeneizar la prestación del servicio de asistencia a domicilio'. Ése es el objetivo del decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno regional, que, con un presupuesto de 13,8 millones de euros, define los cuatro tipos de ayuda a domicilio a los que pueden optar los ciudadanos con problemas para valerse por sí mismos: la atención doméstica, la atención personal, la teleasistencia y las ayudas complementarias para la mejora de las condiciones de habitabilidad.

'Anteriormente no existía ninguna regulación de este servicio, cada ayuntamiento la prestaba lo mejor que sabía y guiado por el sentido común. Ahora se hará de igual forma en toda la región', explicó Francisco Panadero, secretario general técnico de la Consejería de Servicios Sociales.

Los beneficiarios de esta medida, según fija el decreto, serán 'los mayores de 65 años con problemas de autonomía personal; los menores de 65 años que padezcan alguna enfermedad o limitación física; las familias con discapacitados, ancianos o enfermos a su cargo, y los núcleos familiares en situación de crisis por la muerte de algún progenitor o cualquier circunstancia que imposibilite la atención adecuada de los menores en el medio familiar'.

Todos los solicitantes deben estar empadronados en alguna localidad de la región y tendrán que pedir la ayuda en los centros municipales de servicios sociales. La atención doméstica y personal, recogidas en el decreto, incluyen la limpieza cotidiana de la vivienda, preparación de alimentos en el hogar, el suministro a domicilio de alimentos preparados, el lavado de la ropa y la adquisición de alimentos a cuenta del usuario.

'Las ayudas también se extienden al apoyo en la higiene personal, la movilidad y la compañía, tanto en el domicilio como fuera de él', agregó Panadero. La teleasistencia, es decir, la conexión permanente con un centro de recepción de llamadas de emergencia, también se incluirá entre los servicios a domicilio.

Norma única

'Este decreto crea un marco normativo único para permitir su acceso a todos los ciudadanos de forma igualitaria', dijo el consejero de Presidencia, Manuel Cobo. La norma fija que los ayuntamientos podrán establecer la 'participación de los usuarios en el coste de la prestación de ayuda a domicilio mediante la aplicación de baremos objetivos'.

El Consejo de Gobierno celebrado ayer aprobó también un proyecto que regulará las condiciones sanitarias de las granjas-escuelas privadas, un total de 15 distribuidas por toda la región, que cada año reciben a más de 200.000 niños, algunos de ellos menores de tres años. El proyecto recoge, entre otras medidas, el control de la higiene en la manipulación de los alimentos y la responsabilidad de los monitores en el control de la conducta higiénica de los menores. En este sentido, la Dirección General de Salud Pública podrá suspender la actividad de la granja-escuela cuando exista riesgo para la salud pública.

El Gobierno también ha dado su autorización a la convocatoria de subvenciones para la realización de tres programas de garantía social para los alumnos que no alcancen la titulación de la ESO, para lo que se destinarán más de cuatro millones de euros.

Cobo hizo público asimismo el contrato adjudicado por el ente público Mintra a las constructoras Sacyr y Ute para la ampliación de las cocheras de la línea 10 del metro de Cuatro Vientos en ocho nuevas vías. Por último, el Ejecutivo aprobó dos convenios de colaboración con UGT y CC OO, por un importe de 504.850 euros cada uno, para la gestión de centros de apoyo a la intermediación laboral en el marco del Servicio Regional de Empleo.