El Poder Judicial, el gran fracaso
El nuevo sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, patrocinado por el Ministerio de Justicia, ha provocado lo contrario de lo que aparentemente buscaba. En lugar de erradicar las sospechas de clientelismo político en las decisiones del Consejo, se ha reforzado la percepción de que los vocales actúan en función de intereses partidistas. Precisamente lo que se trataba de evitar, afirman en el PSOE.
Escindido en dos sectores nítidamente diferenciados, el Consejo resuelve sus principales controversias por mayoría de 12 vocales a nueve y en función de los propugnado po...
El nuevo sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, patrocinado por el Ministerio de Justicia, ha provocado lo contrario de lo que aparentemente buscaba. En lugar de erradicar las sospechas de clientelismo político en las decisiones del Consejo, se ha reforzado la percepción de que los vocales actúan en función de intereses partidistas. Precisamente lo que se trataba de evitar, afirman en el PSOE.
Escindido en dos sectores nítidamente diferenciados, el Consejo resuelve sus principales controversias por mayoría de 12 vocales a nueve y en función de los propugnado por los partidos proponentes: 11 del Partido Popular más uno de Convergéncia i Unió, frente a los siete del PSOE más uno de Izquierda Unida, apoyados eventualmente por el vocal designado por los jueces no afiliados.
Es esa mayoría de hierro la que ha impuesto los nombramientos de jueces conservadores en número de 10 a dos, cuando la tradición de anteriores consejos repartía los nombramientos en proporción de tres a dos en favor de la mayoría.
La oposición ha exigido al Consejo del Poder Judicial que 'acabe con el sectarismo en los nombramientos', pero la consigna atribuida a los sectores judiciales más conservadores por la minoría progresista de 'ni un solo rojo más a la Sala Penal' del Tribunal Supremo, se ha escenificado con la adscripción forzosa del ex presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, a la Sala de lo Civil contra sus deseos.
Además, la totalidad de los nombramientos en el Supremo han sido copados por la mayoría del Consejo, que al romper un acuerdo previo y designar unilateralmente a sus cuatro candidatos dejó el Pacto por la Justicia al borde de la ruptura.
Fuentes del ministerio admiten que el funcionamiento del CGPJ y la readmisión del ex juez Javier Gómez de Liaño han sido los puntos de máxima fricción con los socialistas. Pero culpan al PSOE de que la mayoría conservadora copara las vacantes del Supremo por proponer a la ex secretaria de Estado Margarita Robles a una de esas plazas.
José Luis Rodríguez Zapatero ha impuesto el silencio en sus filas cuando le han reclamado la ruptura. 'El Pacto es para los ciudadanos', zanjó Zapatero, para evitar que les acusen de estar interesados sólo en las cuotas políticas.
En el Ejecutivo interpretan que la nueva dirección del PSOE 'se debate en la duda entre cumplir y poner en marcha los frutos del Pacto y hacer caso a los grupos que desde dentro del PSOE reclaman una mayor erosión al Gobierno'.