El PP acepta no iniciar la ilegalización de Batasuna por hechos pasados

El Gobierno y el PP han dado en sus últimas conversaciones con el PSOE un 'paso adelante' en su intención de cerrar en próximas fechas un acuerdo sobre la futura Ley de Partidos y de sumar a esta iniciativa el apoyo de otras formaciones parlamentarias.

Las críticas generalizadas contra la retroactividad de la ley han llevado al PP a comprometerse a no iniciar la posible ilegalización de Batasuna por hechos anteriores a la entrada en vigor del texto legal. Es decir, se esperaría a que la formación aberzale que lidera Arnaldo Otegi incurriese en algún acto contrario a la ley promulgada, p...

El Gobierno y el PP han dado en sus últimas conversaciones con el PSOE un 'paso adelante' en su intención de cerrar en próximas fechas un acuerdo sobre la futura Ley de Partidos y de sumar a esta iniciativa el apoyo de otras formaciones parlamentarias.

Las críticas generalizadas contra la retroactividad de la ley han llevado al PP a comprometerse a no iniciar la posible ilegalización de Batasuna por hechos anteriores a la entrada en vigor del texto legal. Es decir, se esperaría a que la formación aberzale que lidera Arnaldo Otegi incurriese en algún acto contrario a la ley promulgada, por ejemplo, para actuar contra ella. El portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera, considera que esta iniciativa es un 'paso adelante' que puede facilitar el pacto.

En esta línea de acercamiento, el secretario general del PP, Javier Arenas, ha garantizado al líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que ni el Gobierno ni el partido iniciarán la petición de ilegalización de Batasuna por hechos pasados. Y añadió otra oferta. Si bien el PP mantiene que la ilegalización de un partido la puedan promover también los parlamentarios -el PSOE quiere que sólo sea la fiscalía la encargada de una iniciativa semejante-, propone elevar el cupo de 50 diputados que especifica ahora la ley a los 176 que marca la mayoría absoluta del Congreso.

El secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, y el portavoz de Justicia del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, negociaban anoche una redacción consensuada del artículo 9, que especifica los motivos por los que se puede decidir la ilegalización.

CiU anunció ayer la presentación de 38 enmiendas al articulado de la nueva Ley de Partidos. Los nacionalistas catalanes pretenden que la norma se utilice sólo para perseguir al terrorismo y no para borrar del mapa político cualquier ideología o grupo que cuestione la Constitución.