Columna

¿Batasuna es ETA?

Entre las voces reticentes por motivos políticos a la ilegalización de Batasuna destaca, por su conocimiento del tema, la de Felipe González. Ha dicho que no es lo mismo tratar de evitar la legalización de HB en el momento de su nacimiento que deslegalizarla cuando cuenta con una fuerte presencia en las instituciones. Es un argumento con fuerza, que recuerda al de la OTAN: no es lo mismo no entrar que salirse. Sin embargo, admite objeciones. El proceso de legalización no culminó hasta 1986 y para entonces HB ya no era un nasciturus: a fines de ese año había p...

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Entre las voces reticentes por motivos políticos a la ilegalización de Batasuna destaca, por su conocimiento del tema, la de Felipe González. Ha dicho que no es lo mismo tratar de evitar la legalización de HB en el momento de su nacimiento que deslegalizarla cuando cuenta con una fuerte presencia en las instituciones. Es un argumento con fuerza, que recuerda al de la OTAN: no es lo mismo no entrar que salirse. Sin embargo, admite objeciones. El proceso de legalización no culminó hasta 1986 y para entonces HB ya no era un nasciturus: a fines de ese año había participado en una docena de elecciones y referendos y contaba con cuatro escaños en el Parlamento de Madrid, 13 en el vasco y seis en el navarro, y con 451 concejales y 20 junteros.

Su relación con ETA no era un secreto. Su portavoz, Jon Idigoras, había proclamado en unas elecciones que 'votar a HB es votar a ETA', lo que indica hasta qué punto habían interiorizado sus dirigentes la sensación de impunidad. ETA, en todo caso, interpretaba esos votos como respaldo directo a sus acciones. Y gran parte de las actuaciones públicas de HB tenían como objeto el apoyo a ETA: el 48% del total (más otro 7% contra la actuación policial), según un estudio académico de José Manuel Mata López (El nacionalismo vasco radical. Discurso, organización y expresiones) publicado en 1993 por la Universidad del País Vasco.

También hay constancia más o menos detallada, por las memorias de ex miembros de HB y por las actas de reuniones publicadas en los boletines internos de ETA, de los vínculos entre el brazo armado y el resto de lo que ya se denominaba MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco), del que HB era su expresión electoral. En otra tesis doctoral publicada por la Universidad del País Vasco (Florencio Domínguez, ETA. Estrategia organizativa y actuaciones. 1978-1992. Bilbao, 1997) se analiza, a través de su reflejo en 31 boletines de ETA del periodo 1978-1987, un total de 106 actas de reuniones de la Coordinadora KAS, instrumento de relación entre la banda y el entramado legal. De esas actas se deduce que es ETA quien tiene la última palabra sobre cuestiones como si HB se presentará o no a las elecciones, los criterios para conformar las candidaturas e incluso el sentido del voto de los parlamentarios navarros en la elección de presidente de esa comunidad.

Pero es cierto que, como también ha recordado González, muchos políticos y periodistas de la época eran partidarios de la legalización de HB. El argumento principal era que no había que interferir en la dinámica que de manera natural acabaría haciendo entrar en razón a ETA, y a sus militantes desembocar en un partido independentista no violento; como había ocurrido con el sector poli-mili.

Esa esperanza alentó hasta Lizarra. Pero tras esa experiencia, que culminó con la ruptura de la tregua y la del consenso estatutario, ya sólo quienes están interesados en evitar la derrota de ETA pueden acogerse a ella. Lizarra supuso llevar hasta sus últimas consecuencias la lógica de la persuasión amistosa de los terroristas. Para convencer a ETA, el nacionalismo asumió lo esencial de su programa (soberanismo, ruptura con las fuerzas no nacionalistas, irredentismo respecto a Navarra y País Vasco-francés), pero ello no hizo desistir a ETA, ni a HB romper con ella.

El desenlace del experimento aconseja revisar tópicos nacionalistas como el de que fue la negativa a aceptar el plan Ardanza lo que arruinó la posibilidad de una salida negociada; o el que relaciona la persistencia de la violencia con la de un grave conflicto político irresuelto. Aconseja también explorar otras vías de acabar con la empresa de intimidación colectiva montada en torno a ETA, empezando por la ilegalización de su brazo político. La principal razón en contra esgrimida por el PNV es que interrumpe el vaciamiento de HB. Sería un argumento fuerte si no fuera porque ese vaciamiento ha implicado que el receptor, el nacionalismo institucional, haga suyo gran parte del programa rupturista de HB, con el efecto de romper el consenso democrático y alimentar la inestabilidad que necesita ETA para justificar su permanencia.

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Es cierto: no es lo mismo intentar ilegalizar a Batasuna ahora que en los años 80: ahora hay más razones para ello. Porque la única duda que queda por despejar es si Batasuna es el brazo político de ETA o ETA, el brazo armado de Batasuna. A desentrañar esa duda se aplica el juez Garzón.

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