La Comunidad compró Peñalara para evitar que se levantasen 1.000 casas

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón argumenta que ha pactado con los propietarios del suelo la edificación de la mitad de sus terrenos junto al monte de Abantos para evitar que la cuestión llegue a los tribunales. Los dueños de Prado de la Era, con una recalificación legal en la mano fechada en 1997 y firmada por la comisión regional de Urbanismo, tienen muchas posibilidades de ganar el previsible pleito.

Sin embargo, no es la primera vez que el Ejecutivo regional se enfrenta a un caso semejante. Y no siempre ha cedido a las presiones urbanísticas. En 1997, la Comunidad inició los trá...

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón argumenta que ha pactado con los propietarios del suelo la edificación de la mitad de sus terrenos junto al monte de Abantos para evitar que la cuestión llegue a los tribunales. Los dueños de Prado de la Era, con una recalificación legal en la mano fechada en 1997 y firmada por la comisión regional de Urbanismo, tienen muchas posibilidades de ganar el previsible pleito.

Sin embargo, no es la primera vez que el Ejecutivo regional se enfrenta a un caso semejante. Y no siempre ha cedido a las presiones urbanísticas. En 1997, la Comunidad inició los trámites de 'expropiación forzosa' de 'común acuerdo' con los propietarios de 120 hectáreas en Cotos que se encontraban dentro del parque natural de Peñalara.

Una sentencia en firme del Tribunal Supremo permitía a los dueños de la estación de Valcotos levantar hasta 1.000 casas junto al único glaciar existente en la región. Los propietarios de los terrenos podían edificar sin ninguna cortapisa entonces, a diferencia del caso de San Lorenzo de El Escorial, donde todavía falta que se pronuncien los tribunales. La Comunidad pagó entonces 400 millones de pesetas por los terrenos de Cotos y éstos quedaron protegidos para siempre. Se integraron en el parque y la posibilidad de construir viviendas en el parque natural quedó diluida. En el caso de San Lorenzo, el Ejecutivo no se ha planteado esta posibilidad.

Sin viviendas sociales

Por su parte, fuentes del grupo municipal socialista en San Lorenzo manifestaron ayer que el alcalde de la localidad, José Luis Fernández-Quejo, del PP, no puede argumentar que la recalificación de la finca es necesaria para la construcción de viviendas protegidas. De las 667 viviendas previstas, 334 contarán con algún tipo de protección pública; 241, también en bloque, serán de venta libre, y otras 92 serán pareadas unifamiliares, que se venderán al precio que marque el mercado.

'Si no tenemos un metro cuadrado de terreno para viviendas sociales es porque el Ayuntamiento ha revendido todos los terrenos que le correspondían de diferentes convenios urbanísticos. El Consistorio ha vendido incluso los suelos de uso dotacional', afirman desde el PSOE.

Los socialistas de San Lorenzo piensan que la máxima del gobierno municipal 'es el crecimiento por el crecimiento'. 'Dentro de la sierra noroeste deberíamos tener otro tipo de política urbanística, con un mayor respeto por el medio ambiente', concluye un concejal.