De la Rúa señala que la delincuencia fue clave para que se duplicaran los casos penales en 2001

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Luis de la Rúa, señaló ayer el aumento de la delincuencia, la aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor como causas de que se duplicara la apertura de diligencias en 2001 en materia penal, que crecieron en 169.584. De la Rúa, que presentó la memoria anual, reconoció el colapso en los juzgados de la provincia de Alicante y señaló la lentitud de la justicia en disponer de recursos adaptados al crecimiento de la población en municipios de la costa.

De la R...

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Luis de la Rúa, señaló ayer el aumento de la delincuencia, la aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor como causas de que se duplicara la apertura de diligencias en 2001 en materia penal, que crecieron en 169.584. De la Rúa, que presentó la memoria anual, reconoció el colapso en los juzgados de la provincia de Alicante y señaló la lentitud de la justicia en disponer de recursos adaptados al crecimiento de la población en municipios de la costa.

De la Rúa relacionó ayer la inmigración con la delincuencia, aunque no aportó datos estadísticos, refiriéndose a 'una jornada en Castellón, en la que se había decretado prisión preventiva a 25 personas, de las que seis eran españolas'. El incremento de los delitos es una de las causas que consideró el presidente del TSJ como incidencia directa en el aumento de entrada de asuntos que se convierten en diligencias previas. La memoria de 2000 cuantificó en 182.600 las diligencias previas registradas durante el año, mientras que en 2001 la cifra fue de 352.184. Ante la diferencia en el cómputo, De la Rúa apunta en la memoria de 2001: 'Los porcentajes deber ser calificados de ciertamente preocupantes, de mantenerse esta tónica'. Además, el presidente del TSJ señala los juzgados de Torrevieja, Massamagrell, San Vicent del Raspeig, Dénia, Novelda y Orihuela como los que registran una situación más grave por la entrada de asuntos penales y civiles. De la Rúa señaló también el aumento de la población como una razón que explica la saturación de esas y otras oficinas judiciales. 'La provincia de Alicante es la quinta de España, una población como Torrevieja tenía en 2000 un Juzgado de Paz y ahora cuatro de Primera Instancia e Instrucción'.

La memoria también presta especial consideración a los asuntos relacionados con menores. 'La marcha actual comienza a verse con preocupación porque procede una atención continuada en el análisis de su evolución y la consiguiente e inmediata adopción de medidas para corregir las posibles disfunciones'. Los seis juzgados de menores (dos en Alicante, uno en Castellón y tres en Valencia) han registrado una entrada de 8.348, a los que hay que agregar los 998 pendientes del ejercicio anterior. A 31 de diciembre de 2001, quedaron pendientes 2.443 asuntos en estos tribunales (1.553 en Valencia, 353 en Castellón y 537 en Alicante).

De la Rúa dedica en la memoria de 2001 un capítulo a las necesidades en los distintos órganos judiciales. Esas medidas son de diferente naturaleza. desde la adscripción permanente de jueces y magistrados en comisión de servicio o sin relevo de funciones o refuerzos en plantilla a la necesidad de nuevos juzgados en los puntos negros del organigrama. De la Rúa reconoció que la 'desertización de jueces quedará superada con la jura de 26 magistrados que se celebrará mañana' pero incidió en que la situación no se ha corregido en la categoría de secretarios judiciales.

El anuncio de la celebración de juicios rápidos también fue objeto de comentario por parte del presidente del TSJ. De la Rúa dejó claro que los jueces están a favor de ello pero hizo una salvedad: 'Su implantación debe ir acompañada de la dotación de recursos técnicos y humanos, peritos tasadores, médicos forenses, que garanticen su eficacia'. Además, puntualizó que la saturación que padecen algunas oficinas judiciales pone en riesgo la posibilidad siquiera de que los juicios rápidos se puedan poner en marcha, a lo que agregó una posible inconstitucionalidad en el borrador de ley que los incluye señalada por la junta de fiscales de Alicante.