Ybarra, entre el silencio y el cambio de versión

El recurso de reforma presentado ayer por el fiscal David Martínez contra el rechazo del juez Baltasar Garzón a imputar al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, y su decisión de no considerar imputados, de momento, al consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, y otros ex ejecutivos de la entidad, va

a chocar con la negativa del juez. Será, pues, la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que, dentro de un par de meses, como mínimo, deberá zanjar las discrepancias.

El fiscal Martínez cita en apoyo de su posición a favor de la imputación i...

El recurso de reforma presentado ayer por el fiscal David Martínez contra el rechazo del juez Baltasar Garzón a imputar al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, y su decisión de no considerar imputados, de momento, al consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, y otros ex ejecutivos de la entidad, va

a chocar con la negativa del juez. Será, pues, la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que, dentro de un par de meses, como mínimo, deberá zanjar las discrepancias.

El fiscal Martínez cita en apoyo de su posición a favor de la imputación inmediata el auto del Tribunal Supremo firmado por el magistrado Marino Barbero, de 19 de junio de 1995, en la que se sostiene que la inculpación o imputación compete al ministerio fiscal. 'El juez no es acusador', afirma.

Si bien el fiscal Martínez se abstiene de mencionar el nombre del caso, se trata de Filesa, la red de financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español. Y he aquí lo más jugoso: el debate se refería a si Emilio Ybarra, entonces presidente del Banco Bilbao Vizcaya, y otros, debían comparecer como imputados.

Las declaraciones de los imputados no empezarán hasta dentro de un mes, una propuesta del fiscal para que todas las partes que se han personado a partir de ayer en la causa puedan estudiar aquellos documentos sobre los que se ha levantado parcialmente el secreto sumarial.

A la luz del auto de Garzón, el corazón de la próxima instrucción serán los fondos de pensiones, a saber, determinar si la operación de crear 22 fondos de pensiones en marzo de 2000 y restituídos en febrero de 2001 constituye un delito de apropiación indebida y/o de administración desleal.

Fuentes jurídicas consultadas señalan que la defensa de Emilio Ybarra tendrá que adaptar las explicaciones que dio al Banco de España, en noviembre de 2001, a la situación abierta con el procedimiento penal. En otros términos, podría modificar su versión de que los fondos de pensiones eran para canalizar la compra de una participación en la entidad mexicana Bancomer por la aceptación de que se trataba de una compensación a los consejeros procedentes del antiguo BBV, entre ellos para él mismo, por la merma de retribuciones resultante de la fusión con Argentaria.

Ybarra pondrá el acento, según esas fuentes, en que si bien no dijo la verdad al Banco de España y dijo, por escrito, algo que no era cierto -fondos para adquirir Bancomer-, el dinero, 3.500 millones de pesetas, se devolvió con sus intereses. Y que, finalmente, no hubo un perjuicio.