Los denunciantes acusan al fiscal general de defender a las multinacionales

Los firmantes de la denuncia contra la supuesta concertación de precios entre las petroleras -presentada ante la Fiscalía Anticorrupción el 22 de junio de 2000- expresaron ayer su 'consternación' por la decisión del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de vetar la querella preparada por el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, contra Repsol-YPF y Cepsa.

Fernando Moraleda, portavoz de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes (PNCC, organización que engloba a los denunciantes), lamentó el veto de Cardenal aduciendo que 'así la fiscalía da más importancia...

Los firmantes de la denuncia contra la supuesta concertación de precios entre las petroleras -presentada ante la Fiscalía Anticorrupción el 22 de junio de 2000- expresaron ayer su 'consternación' por la decisión del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de vetar la querella preparada por el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, contra Repsol-YPF y Cepsa.

Fernando Moraleda, portavoz de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes (PNCC, organización que engloba a los denunciantes), lamentó el veto de Cardenal aduciendo que 'así la fiscalía da más importancia a los intereses de dos multinacionales con beneficios multimillonarios que a los de miles de familias y pequeñas empresas'.

El portavoz de la plataforma -integrada por organizaciones agrarias, de transportistas y de consumidores- exigió que se hiciera pública la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción así como la querella ahora vetada, y no descartó la posibilidad de ejercer en el futuro nuevas acciones legales encaminadas a demostrar el presunto fraude.

Precios 'rígidos'

Según la denuncia de la PNCC, las principales petroleras que operan en España 'actúan de forma concertada en régimen de oligopolio, impidiendo la existencia de competencia real en el sector de hidrocarburos'. El escrito calificaba los precios de los carburantes de 'rígidos' y aseguraba que no servían a los consumidores 'como motivo de decisión de compra por su poca o nula diferenciación'.

Junto a la denuncia, la PNCC presentó un informe en el que se describía con datos y gráficos la evolución de los precios del gasóleo tipo B, de uso agrícola, y el A, de automoción, a nivel estatal, autonómico (con datos de Andalucía) y local (con datos de una cooperativa agrícola de Jaén).

Los resultados contenidos en el informe muestran una tendencia prácticamente idéntica de las tarifas pagadas por los agricultores a diferentes compañías desde junio de 1997 hasta octubre de 2000 en las provincias de Valladolid, Ávila, Jaén, Pontevedra y Soria. La variación entre las ofertas de cada petrolera es claramente decreciente en el tiempo, lo que, según el informe, demuestra la presunta concertación de precios entre las empresas.

El informe llega a la misma conclusión al comparar los ofertados por las petroleras a compañías agrícolas en Andalucía. Desde septiembre de 1998 hasta enero de 2000, el comportamiento de los precios de Cepsa y Repsol se revela prácticamente idéntico. El resultado es igualmente sorprendente al comparar las tarifas ofrecidas por seis compañías a una cooperativa jiennense.