El TSJC considera ilegal el emplazamiento de Terquimsa
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera ilegal la situación actual de la empresa química Terquimsa, que ubicó, con el beneplácito en 1997 del Ayuntamiento de Tarragona, ocho depósitos para el almacenamiento de productos tóxicos e inflamables a tan sólo 1.500 metros del barrio del Serrallo, cuando la legislación vigente entonces exigía dos kilómetros como distancia mínima alrededor de los depósitos. El fallo del TSJC es consecuencia de una denuncia interpuesta por Iniciativa per Catalunya.
El equipo de gobierno del Ayuntamie...
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera ilegal la situación actual de la empresa química Terquimsa, que ubicó, con el beneplácito en 1997 del Ayuntamiento de Tarragona, ocho depósitos para el almacenamiento de productos tóxicos e inflamables a tan sólo 1.500 metros del barrio del Serrallo, cuando la legislación vigente entonces exigía dos kilómetros como distancia mínima alrededor de los depósitos. El fallo del TSJC es consecuencia de una denuncia interpuesta por Iniciativa per Catalunya.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento concedió una licencia a Terquimsa en 1997, después de que ésta se comprometiera a construir unos depósitos de 5.000 metros cúbicos, situados a 1.500 metros del núcleo urbano más próximo y en el muelle de inflamables, pero a cambio de retirar otros que tenía situados a tan sólo 600 metros. Según la denuncia de Iniciativa, refrendada ahora por el TSJC, en realidad la empresa aprovechó el cambio de ubicación de los depósitos para realizar una ampliación encubierta de sus actividades y se construyeron unos tanques con capacidad para 39.000 metros cúbicos de productos químicos.
La portavoz de Iniciativa per Catalunya, Dolors Comas, considera que esta actividad se realizó con el conocimiento del Ayuntamiento y previa concesión de las licencias requeridas por los organismos de la Generalitat. Por esta razón, Comas solicitará la comparecencia de los responsables de Gobernación, Medio Ambiente e Industria con el fin de que se investigue si existió 'incapacidad manifiesta, o bien una voluntariedad consciente de favorecer los intereses de la empresa, antes que la seguridad de la población'.
El Ayuntamiento recurrirá la anulación de la licencia al Tribunal Supremo, el cual en caso de ratificar el fallo del TSJC, provocaría el desmantelamiento de los depósitos. El equipo de gobierno mantiene que la licencia se concedió de acuerdo con la legislación y con los informes favorables de los técnicos, tanto los municipales como los de la Generalitat.