Cuatro ex banqueros de Lleida condenados por estafa
La Audiencia de Lleida ha condenado a un total de 22 años de prisión a los ex banqueros Miquel Massana, Ramon Pons, Ignacio Palacios y José Juanós, acusados de una estafa financiera de más de 1,8 millones de euros (300 millones de pesetas) descubierta en Lleida en 1992 y por la que hace un mes fueron juzgadas otras 11 personas en calidad de cooperadoras necesarias, entre ellas un ex jugador y ex entrenador de fútbol. La pena más grave -ocho años de cárcel- ha recaído en Massana, presunto cerebro de la trama, como autor de los delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y a...
La Audiencia de Lleida ha condenado a un total de 22 años de prisión a los ex banqueros Miquel Massana, Ramon Pons, Ignacio Palacios y José Juanós, acusados de una estafa financiera de más de 1,8 millones de euros (300 millones de pesetas) descubierta en Lleida en 1992 y por la que hace un mes fueron juzgadas otras 11 personas en calidad de cooperadoras necesarias, entre ellas un ex jugador y ex entrenador de fútbol. La pena más grave -ocho años de cárcel- ha recaído en Massana, presunto cerebro de la trama, como autor de los delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes.
La sentencia declara probado que Massana, entonces director de la sucursal del Banco Santander de Negocios en Lleida, Pons, que era director del Banco Pastor en Lleida, y Palacios, que fue director de la sucursal de Caixa de Sabadell de Balaguer y de Caja Rural del Alto Aragón en Lleida, compatibilizaron su actividad bancaria con la constitución de diversas empresas que acumularon importantes pérdidas económicas. Por esta razón aprovecharon sus cargos y conocimientos para llevar a cabo numerosas operaciones financieras irregulares, pusieron en marcha una rueda de recibos y talones ficticios -práctica conocida en el argot financiero como peloteo- que Massana aceptaba en su oficina, con las que, además de aparentar una solvencia que no tenían, pretendían financiar sus negocios particulares sin costo alguno.
El tribunal ha rebajado la pena a los acusados al tener en cuenta que entre su detención y el juicio han transcurrido más de nueve años, lo cual 'ha supuesto una objetiva lesión del derecho de los acusados a ser juzgados en un proceso sin dilaciones indebidas'.