El Ayuntamiento monta 12 cámaras de vigilancia en un tramo de la Castellana
El sistema, controlado por un policía, pretende preservar el Museo de Escultura al Aire Libre
Los ciudadanos que transiten por el Museo de Escultura al Aire Libre del paseo de la Castellana serán vigilados dentro de un mes por 12 videocámaras. Este centro de arte contará con el primer sistema de videovigilancia policial de la región. El Ayuntamiento ha instalado 12 cámaras para evitar los actos vandálicos que, con frecuencia, sufren las 17 esculturas del museo, que tienen un valor millonario. Desde la promulgación de la Ley de Videovigilancia, aprobada el 4 de agosto de 1997, es la primera vez que un municipio de la región instala este tipo de vigilancia electrónica en la vía pública....
Los ciudadanos que transiten por el Museo de Escultura al Aire Libre del paseo de la Castellana serán vigilados dentro de un mes por 12 videocámaras. Este centro de arte contará con el primer sistema de videovigilancia policial de la región. El Ayuntamiento ha instalado 12 cámaras para evitar los actos vandálicos que, con frecuencia, sufren las 17 esculturas del museo, que tienen un valor millonario. Desde la promulgación de la Ley de Videovigilancia, aprobada el 4 de agosto de 1997, es la primera vez que un municipio de la región instala este tipo de vigilancia electrónica en la vía pública.
Las 12 cámaras de videovigilancia, que son fijas, están instaladas bajo el tablero del puente de Eduardo Dato, en el paseo de la Castellana, y enfocan a todos los puntos del museo al aire libre, que cuenta con 17 esculturas. Las imágenes que capten las cámaras irán a un puesto de control situado en un local que hay debajo del puente y que ahora está desocupado, donde habrá un policía municipal las 24 horas del día. La instalación le ha costado al Ayuntamiento 150.000 euros. El concejal de Vivienda y Rehabilitación, área de la que depende el museo, solicitó en agosto de 2000 permiso al delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansuátegui, para colocar las cámaras y preservar así el museo de los continuos actos vandálicos que sufre.
El informe que el Consistorio, a través de la Concejalía de Policía Municipal, envió a la delegación del Gobierno hace año y medio, especificaba el número de cámaras, su ubicación, que no iban a grabar sonidos y que su única finalidad era vigilar las esculturas. El delegado del Gobierno en cada comunidad autónoma es quien tiene la facultad de autorizar o denegar el montaje de cámaras fijas en espacios públicos. 'Ya hemos hecho todos los trámites con la Delegación del Gobierno. No vamos a vulnerar ningún derecho constitucional, ya que el objeto no es espiar y vigilar a los viandantes, sino sólo proteger este museo', asegura Sigfrido Herráez, concejal del ramo.
El sistema de videovigilancia empezará a funcionar previsiblemente dentro de un mes, cuando terminen las obras de rehabilitación del museo, que incluyen, además de la limpieza de las esculturas, las barandillas, el mobiliario, los jardines y las placas de las obras. Entre otros autores, en este centro al aire libre hay obras de Eduardo Chillida, Joan Miró, Julio González o Subirachs.
Limitaciones severas
Ésta es la primera vez que un municipio de la región instala un sistema de videovigilancia en sus calles desde que entró en vigor la Ley de Videovigilancia, en agosto de 1997, y el posterior reglamento que lo desarrolla, en abril de 1999. Tanto la ley como el reglamento imponen severas limitaciones con el fin de garantizar las libertades de los ciudadanos.
Por ejemplo, tiene que haber un cartel que avise que el peatón está entrando en una zona vigilada por cámaras de la policía. Además, la ley y el reglamento ordenan la inmediata destrucción de grabaciones ilegales, entendiendo por tales las imágenes en las que aparezcan personas en actitudes que puedan afectar a su intimidad, por ejemplo, besándose o acariciándose.
La ley contempla también la posibilidad de que cualquier persona que 'considere razonablemente que figura en grabaciones efectuadas con videocámaras podrá ejercer el derecho de acceso a las mismas, mediante solicitud dirigida a la autoridad encargada de la custodia' de las cintas.
Las esculturas del Museo al Aire Libre del paseo de la Castellana han sufrido múltiples agresiones a lo largo de los años. En 1999, unos vándalos dañaron El homenaje a la hoz y el martillo, de Julio González, y la Policía Municipal tuvo que rescatar la estatua y ponerla unos días bajo protección oficial hasta que fue restaurada. En 1993, la obra Un món per a infants (Un mundo para niños), del artista valenciano Andreu Alfaro, fue objeto de otro ataque: de las 13 piezas de acero que la integran, los ladrones sólo dejaron una. Los encargados municipales del museo se enteraron, 10 días después de que faltase, de que tenían una escultura menos. Y eso que la obra tiene dos metros de alto. Alfaro, autor también de los arcos que hay en la avenida de la Ilustración, restauró la obra con una ayuda simbólica del Ayuntamiento, y ésta volvió a exponerse en el paseo de la Castellana. Aparte de las pintadas y de los actos vandálicos, las esculturas también tienen otro problema añadido: los chavales que, de vez en cuando, patinan en la plaza y, al girar, se cuelgan de las obras para tomar más impulso.
Además, muy cerca del museo hay bares y discotecas y, a ciertas horas de la madrugada, algunos trasnochadores utilizan las obras de arte que hay en el museo como aliviaderos improvisados para eliminar los excesos de alcohol.
Grabaciones contra delincuentes
Vulneración del derecho a la intimidad o cámaras que sirven para ahuyentar a delincuentes. Desde que las Cortes aprobaron la Ley de Videovigilancia, en 1997, la grabación de imágenes en la calle ha abierto múltiples debates. La ley se creó, sobre todo, para regular la filmación con cámaras fijas o móviles de los altercados callejeros que en el País Vasco suelen provocar grupos afines a ETA. El entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, el consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, y el socialista Ramón Jaúregui mantuvieron diversos contactos para ultimar la ley, que fue desarrollada por un reglamento en 1999. Además, se creó la Comisión de Videovigilancia y Libertades, el órgano encargado de garantizar la correcta aplicación de la legislación. La comisión está encabezada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de cada región. Desde su aprobación, numerosos organismos -entre ellos, IU y algunas asociaciones de consumidores y vecinos- se han declarado en contra de la Ley de Videovigilancia. Aunque hay otros que están a favor. Por ejemplo, los vecinos del Barrio Gótico de Barcelona han pedido la instalación de cámaras para mejorar la seguridad de la zona. El verano pasado, el consistorio barcelonés ya instaló dos cámaras en la calle de Escudellers y en la plaza de George Orwell, en Ciutat Vella, lo que ha originado un debate entre los vecinos que están a favor y los que están en contra. El Ayuntamiento de Madrid no ha sido el primero de la región que ha solicitado a la Delegación del Gobierno el permiso para instalar el sistema de videovigilancia en la calle. Majadahonda, gobernado por el PP, solicitó permiso para instalar 12 cámaras en la Gran Vía majariega. Pero en junio de 1999 la Delegación del Gobierno y la Comisión de Videovigilancia denegaron la autorización a Ricardo Romero de Tejada, entonces alcalde. Antonio Morales, portavoz socialista en dicho municipio, se felicitó: 'El alcalde quería convertirse en una especie de videovigilante de la playa, pero la comisión le ha puesto en su sitio', dijo. Además, el Gobierno local de Alcalá de Henares (PSOE-IU) está estudiando solicitar permiso a la Delegación del Gobierno para montar 12 cámaras de videovigilancia en la ciudad que controlen la carga y descarga, según el alcalde, el socialista Manuel Peinado. Pero el PP cree que el sistema puede vulnerar la intimidad.
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