Ejemplo de sanción

La Generalitat catalana ha multado con seis millones de euros a Fecsa-Endesa por los apagones registrados en Cataluña a mediados de diciembre. El destino de la multa es incierto; lo más probable es que la empresa presente una batería de recursos que haga incobrable la sanción. Pero la opinión pública y los damnificados perciben que las autoridades no se olvidan de ellos y que se intenta aplicar la legislación para castigar un hecho muy grave. Que esta legislación sea deficiente es otro tema.

La decisión de la Generalitat debe ser considerada correcta; es más, debería entenderse como un ...

La Generalitat catalana ha multado con seis millones de euros a Fecsa-Endesa por los apagones registrados en Cataluña a mediados de diciembre. El destino de la multa es incierto; lo más probable es que la empresa presente una batería de recursos que haga incobrable la sanción. Pero la opinión pública y los damnificados perciben que las autoridades no se olvidan de ellos y que se intenta aplicar la legislación para castigar un hecho muy grave. Que esta legislación sea deficiente es otro tema.

La decisión de la Generalitat debe ser considerada correcta; es más, debería entenderse como un ejemplo a seguir. No se entiende por qué la Comunidad de Madrid no ha expedientado a las compañías que castigaron con apagones a los consumidores madrileños. La intervención del secretario de Estado de Economía, José Folgado, pidiendo que se unifique el marco regulador de la calidad del servicio eléctrico tampoco carece de lógica, siempre y cuando la unificación no se constituya en excusa permanente para no imponer sanciones. Las pretensiones de homogeneidad chocan, además, con la evidencia de que el Gobierno ha mantenido cuidadosamente hibernado un plan de infraestructuras energéticas que regule las exigencias mínimas que debe cumplir una empresa para satisfacer el suministro de energía a los consumidores.

Mientras la Administración catalana sanciona a Fecsa-Endesa, las compañías eléctricas presionan sobre el Gobierno para que cese la política de rebaja de tarifas -que este año se limitará a una congelación-, con el argumento de que no se podrá acabar con los apagones mientras no aumente su facturación. Aseguran que la política tarifaria no estimula las nuevas inversiones y que existe un tratamiento discriminatorio en favor de las empresas gasistas. La respuesta a esa presión debería ser una negativa tajante a cualquier subida de precios mientras no esté concluida la liberalización efectiva del mercado.