Las compañías eléctricas critican con dureza los planes del Ejecutivo
Las compañías eléctricas, que consideran el gas como un elemento estratégico de su futuro negocio, se oponen frontalmente a los planes del Gobierno para 'abrir' más a la competencia el mercado gasista.
En las alegaciones enviadas al Ministerio de Economía, la asociación patronal eléctrica Unesa afirma: 'Las propuestas [las órdenes ministeriales] pierden la oportunidad de impulsar la liberalización e introducir una mayor competencia en el sector del gas natural; plantean importantes incertidumbres económicas sobre las inversiones de transporte y regasificación necesarias para garantizar ...
Las compañías eléctricas, que consideran el gas como un elemento estratégico de su futuro negocio, se oponen frontalmente a los planes del Gobierno para 'abrir' más a la competencia el mercado gasista.
En las alegaciones enviadas al Ministerio de Economía, la asociación patronal eléctrica Unesa afirma: 'Las propuestas [las órdenes ministeriales] pierden la oportunidad de impulsar la liberalización e introducir una mayor competencia en el sector del gas natural; plantean importantes incertidumbres económicas sobre las inversiones de transporte y regasificación necesarias para garantizar el suministro de gas, y crean un perjuicio a las inversiones eléctricas de generación iniciadas para garantizar el suministro eléctrico [las centrales de ciclo combinado], ya que dan lugar a un encarecimiento de los costes de transmisión de gas para estas centrales'.
Las eléctricas estiman que con el nuevo sistema de cálculo de peajes (el pago que debe realizarse al propietario del tubo del gas), sus instalaciones tendrán que pagar un 22% más de lo que pagan actualmente por disponer de combustible. Además, están en desacuerdo con las diferencias previstas en la retribución de las nuevas instalaciones ('insuficiente', afirman) frente a las ya existentes y con las atribuciones que se confieren a la Dirección General de Política Energética que encabeza Carmen Becerril para determinar qué instalaciones de regasificación, transporte o almacenamiento se retribuyen. Algo que contribuye, asegura Unesa, a la 'inseguridad jurídica'.