Las oposiciones de 1998 seguirán bloqueadas varios años más tras admitir el Constitucional la cuestión del TSJA
El Tribunal Constitucional estudiará la legalidad de la convocatoria y los baremos de las pruebas de oposición para el funcionarado de Administración General y el Cuerpo General Administrativo de 1998, según la providencia dictada el 29 de enero pasado. El alto tribunal acepta a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Si se analiza el tiempo que invierte el Constitucional para dirimir estas cuestiones, es más que probable que el proceso -que afecta al futuro laboral de cerca de 3....
El Tribunal Constitucional estudiará la legalidad de la convocatoria y los baremos de las pruebas de oposición para el funcionarado de Administración General y el Cuerpo General Administrativo de 1998, según la providencia dictada el 29 de enero pasado. El alto tribunal acepta a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Si se analiza el tiempo que invierte el Constitucional para dirimir estas cuestiones, es más que probable que el proceso -que afecta al futuro laboral de cerca de 3.500 interinos y al de las otras 13.000 personas que se habían inscrito en las pruebas- se enquiste de nuevo y durante varios años.
El camino judicial de esta convocatoria ha estado salpicado de espinas desde que el TSJA decidiera suspender las pruebas tan sólo 48 horas antes de su celebración. El tribunal andaluz elevó sus dudas de la constitucionalidad del baremo usado para valorar los exámenes, ya que creía que beneficiaba a los interinos. En junio de 2001, el Constitucional devolvió la cuestión al TSJA (por un defecto de forma) que en septiembre lo envió de nuevo al alto tribunal, en medio de una polémica, ya que no informó a las partes ni de su error primero ni del reenvío.
Pero es que ésta es una de las últimas bazas con las que cuenta la Administración andaluza para regularizar la situación de cerca de 3.500 interinos, algunos desde hace más de 15 años.
La ex secretaria general para la Administración Pública, Presentación Fernández, (destituida el día 5), y el aún director general de Función Pública, Vicente Vigil-Escalera, se comprometieron a encontrar una solución definitiva para el colectivo de interinos una vez que se supiera la decisión del Constitucional. La Federación de Interinos le exigirá el lunes soluciones e imaginación a la consejera de Justicia, Carmen Hermosín.