La CMT exige que se cumpla la conservación del número del móvil
Más de un año después de que entrara en vigor la norma legal que permite la portabilidad, es decir el derecho que tiene todo abonado a conservar su número de teléfono (tanto fijo como móvil) cuando cambia de compañía, sólo un reducido número de clientes han podido ejercer ese derecho.
Consciente de las dificultades con las que topan los usuarios, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha decidido tomar cartas en el asunto, y, por primera vez desde su constitución, va a comunicarse directamente con los consumidores a los que hará llegar miles de guías, explicándoles el proce...
Más de un año después de que entrara en vigor la norma legal que permite la portabilidad, es decir el derecho que tiene todo abonado a conservar su número de teléfono (tanto fijo como móvil) cuando cambia de compañía, sólo un reducido número de clientes han podido ejercer ese derecho.
Consciente de las dificultades con las que topan los usuarios, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha decidido tomar cartas en el asunto, y, por primera vez desde su constitución, va a comunicarse directamente con los consumidores a los que hará llegar miles de guías, explicándoles el proceso que deben seguir para enfrentarse con su compañía.
En el primer año de vigencia de la norma. sólo 245.019 abonados (datos de finales de noviembre pasado) han podido cambiar de compañía de móvil conservando el número de teléfono, según datos oficiales, lo que representa menos del 1% sobre los 30 millones de móviles que hay en España. En el caso del teléfono fijo, sólo 100.431 abonados portaron su número.
En principio, el procedimiento es sencillo y su trámite lleva una media de 15 días, según las compañías de móvil. Basta acudir a un distribuidor o tienda especializada y rellenar un formulario. La nueva compañía a la que se traslada el abonado se encarga del resto de los trámites necesarios, negociando directamente con la operadora rival que pierde el cliente.
No obstante, las operadoras ponen trabas burocráticas y exigen complicados requisitos al abonado para hacerle desistir de su propósito, según denuncian las asociaciones de consumidores. Uno de los conflictos más usuales es del de los denominados teléfonos esclavos, aquellos que tienen menos de un año de vida y sólo funcionan con una compañía. Éstas, para desbloquear el terminal, exigen cantidades que varían entre los 60 y los 150 euros.