La juez archiva el caso de los robos de sumarios en Marbella al no encontrar ningún culpable

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, María José Rivas, ha archivado de forma provisional la investigación abierta por el robo de sumarios en los meses de julio y agosto en los juzgados de la ciudad. El sobreseimiento de la causa, que podrá ser reabierta de forma inmediata si aparecen nuevos indicios o pruebas inculpatorias, se produce después de que la magistrada haya levantado la imputación de los dos únicos sospechosos que había hasta el momento, el sargento de la Policía Local Juan Saborido y el agente judicial Ángel Vázquez. Un tercer imputado, el agente judicial Fra...

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, María José Rivas, ha archivado de forma provisional la investigación abierta por el robo de sumarios en los meses de julio y agosto en los juzgados de la ciudad. El sobreseimiento de la causa, que podrá ser reabierta de forma inmediata si aparecen nuevos indicios o pruebas inculpatorias, se produce después de que la magistrada haya levantado la imputación de los dos únicos sospechosos que había hasta el momento, el sargento de la Policía Local Juan Saborido y el agente judicial Ángel Vázquez. Un tercer imputado, el agente judicial Francisco Calero, se suicidó en octubre tras de ser detenido como sospechoso de la desaparición de expedientes, la mayoría relacionados con Jesús Gil.

En el auto judicial, notificado a las partes el viernes por la tarde, víspera del puente de Navidad, la juez acuerda el sobreseimiento de la causa contra Saborido, el único de los tres sospechosos que permanecía aún imputado, aunque olvida incluir esta medida en la parte dispositiva. La magistrada basa el archivo del caso en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que de no encontrarse responsables, se debe proceder al sobreseimiento provisional de las actuaciones. En la resolución hace un breve relato de lo ocurrido desde que se descubrió el primer borrado informático y esgrime la muerte de Calero como causa de que la investigación se haya estancado.

Dice la magistrada que la investigación iba 'bien encaminada' y que se podía haber encontrado la vinculación entre el presunto autor material del robo y el supuesto inductor del delito. Sin embargo, el fallecimiento del agente judicial Francisco Calero, que se arrojó desde la azotea del edificio en el que residía el 3 de octubre pasado, durante el registro de su vivienda, ha 'truncado' según la juez esta pretensión. 'No se pudo continuar la investigación frente a quien aparecía en principio como presunto responsable material del hecho delictivo', señala.

La instructora considera imposible continuar la investigación 'al no aparecer datos o circunstancias nuevas que justifiquen la prosecución de la misma'. Por ello, acuerda la 'extinción de la acción penal respecto de Francisco Calero' y 'el sobreseimiento provisional de las actuaciones'. Fuentes cercanas al caso indican que el grupo de delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía sigue sus investigaciones, aunque los agentes policiales que han intervenido en esta investigación no han tenido una buena sintonía con la juez. La relación del fiscal Julio Martínez Carazo con la instructora tampoco ha sido muy fluida en algunos momentos, aunque finalmente el fiscal ha dado su conformidad al archivo de la causa. La magistrada indica que procederá a la 'inmediata reapertura' del caso si aparecen indicios o pruebas contra personas determinadas.

El PSOE, que ejerce la acusación popular, ha anunciado que hoy presentará recursos contra el archivo de la causa. La fecha elegida por la juez para dictar el auto, en plenas fiestas navideñas, ha sorprendido a la acusación popular, que no ha sido consultada sobre el archivo del caso.

La abogada del policía local, Regina Roman, se ha mostrado satisfecha con el levantamiento de la imputación de su cliente, porque piensa que 'no tenía sentido'. El letrado del PSOE, José Carlos Aguilera, considera 'escandalosa y precipitada' la decisión de la juez. Si este caso se archiva definitivamente, tendría la misma suerte que la anterior investigación sobre corrupción judicial en Marbella, que denunció en el año 1993 la juez Blanca Ester Díaz.

Las 'medidas ejemplares' para esclarecer los hechos y castigar a los responsables anunciadas por instituciones políticas y judiciales, que en verano se mostraron 'escandalizadas' por lo ocurrido en Marbella, parecen haber caído en saco roto. El Consejo General del Poder Judicial exoneró de responsabilidad a los jueces titulares de los tres juzgados en los que se robaron los sumarios de al menos seis causas y se borraron los archivos de unas quince. La cifra precisa de sumarios robados no se conoce, pero la juez en su auto hace referencia a seis expedientes y quince archivos concretos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha abierto expedientes a los secretarios de los juzgados 1, 6 y 7 por su responsabilidad en la custodia de los documentos. Curiosamente, la secretaria del Juzgado número 7 fue la primera persona que alertó de la desaparición de los sumarios.