¿Quién pagará el pato taurino?
La Diputación de Valencia ha de indemnizar con 157 millones de pesetas, más intereses, a un empresario que licitó en 1998 para gestionar la Plaza de Toros de esta capital y que, a pesar de formular la mejor oferta, le fue adjudicada a otro postor. Así lo ha estimado y fallado el Tribunal Superior de Justicia de la CV. La corporación, pues, tendrá que rascarse el bolsillo y cargarnos a los contribuyentes el coste de la obstinación -dejémoslo así- de un diputado y, según parece, las presiones de un crítico taurino cuyas presuntas responsabilidades no vienen al caso, pero que, de confirmarse, y s...
La Diputación de Valencia ha de indemnizar con 157 millones de pesetas, más intereses, a un empresario que licitó en 1998 para gestionar la Plaza de Toros de esta capital y que, a pesar de formular la mejor oferta, le fue adjudicada a otro postor. Así lo ha estimado y fallado el Tribunal Superior de Justicia de la CV. La corporación, pues, tendrá que rascarse el bolsillo y cargarnos a los contribuyentes el coste de la obstinación -dejémoslo así- de un diputado y, según parece, las presiones de un crítico taurino cuyas presuntas responsabilidades no vienen al caso, pero que, de confirmarse, y sumado a lo ya dicho, ilustrarían los trapicheos que puede auspiciar un gobierno de mayoría absoluta y manga ancha.
La oposición política, como le cumple, ha pedido que rueden cabezas, pues alguien debería de pagar el pato. La víctima propiciatoria bien podría ser el diputado de Asuntos Taurinos -¡valiente anacronismo!- de esa casa, Miguel Tatay. Y hasta es posible que le haya tocado la bola negra. Pero se nos antoja injusto, aunque ignoramos las circunstancias que le implican en este episodio. Uno contempla el gesto de este corporativo, que no tenemos el gusto de conocer, y colige que le han endosado el marrón. Al fin y al cabo, su culpa sería la parte alícuota que le corresponde, habida cuenta que todo el grupo popular, con el presidente al frente, bendijo el abuso o desmán. O sea, todos al teórico trullo.
Como es previsible, en unos pocos días el asunto será agua pasada y hasta es probable que nadie cargue con el muerto. Otro gallo cantaría si en trances semejantes y mediando sentencia firme, los causantes políticos del estropicio tuviesen que asumir, personal o partidariamente, el pago de las indemnizaciones. Seguro que se andarían con más tiento a la hora de administrar sus preferencias o darle curso a las recomendaciones recibidas. Por desgracia, todavía estamos muy lejos de perfeccionar hasta ese punto el ejercicio de la democracia. ¡ Y tan lejos! Con decir que al protagonista principal de este desmadre lo han premiado con un ascenso...
Con ser lamentable este embrollo por la desconfianza que propicia en torno a los entes públicos, más todavía nos ha de parecer si al cabo resultare probado -o con indicios bastantes para tenerlo por tal- que la adjudicación invalidada por el TSJ se efectuó siguiendo indicaciones de personajes asentados en la capital del Reino. Tal, y por ahora virtual, obsecuencia agravaría la arbitrariedad tiñéndola de sumisión, por más que no faltase quien adujera la reiteración con que acontecen estas genuflexiones en otros ámbitos de los negocios públicos. En el reparto de la obra pública, por ejemplo, es un clamor la práctica de las adjudicaciones hechas después del oportuno recado soplado desde las crujías madrileñas.
Claro está que no nos chupamos el dedo ni acabamos de descubrir que estos desvíos del gobierno corporativo o institucional son tan viejos como la política misma. Pero en estos momentos son doblemente llamativos por la insistencia del PP en su vocación moralizadora de la vida pública y por la presunción de que, en demérito del enarbolado Poder Valenciano, se han seguido pautas ajenas y lejanas. La oposición habría de exprimir toda la sustancia de este enredo que nos cuesta una millonada.