El PSC privatiza los autobuses de Lleida en contra del resto de partidos
Asociaciones de vecinos y sindicatos rechazan la medida
El grupo municipal socialista, con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Lleida, se quedó ayer solo a la hora de aprobar el expediente que implica la privatización del servicio de autobuses urbanos. El teniente de alcalde Francesc Pané, único edil de IC-V -socio en el equipo de gobierno-, se alió por primera vez con la oposición al considerar que la medida es innecesaria porque el servicio funciona bien a pesar de ser deficitario. Las asociaciones de vecinos y las centrales sindicales también rechazan la privatización.
La venta de la totalidad de las acciones de la empresa Autobusos de...
El grupo municipal socialista, con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Lleida, se quedó ayer solo a la hora de aprobar el expediente que implica la privatización del servicio de autobuses urbanos. El teniente de alcalde Francesc Pané, único edil de IC-V -socio en el equipo de gobierno-, se alió por primera vez con la oposición al considerar que la medida es innecesaria porque el servicio funciona bien a pesar de ser deficitario. Las asociaciones de vecinos y las centrales sindicales también rechazan la privatización.
La venta de la totalidad de las acciones de la empresa Autobusos de Lleida, SA, y la concesión del servicio del transporte urbano de viajeros a una empresa privada por 120 millones de pesetas (unos 722.000 euros) derivó en un intenso debate sobre las diferencias que hay entre una política progresista y una de derechas. En medio del fragor de la discusión, el portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Xavier Sáez, pidió a Pané que abandone el equipo de gobierno socialista porque ha demostrado 'incapacidad para ser permeable a la opinión y al criterio de las fuerzas progresistas, sindicales y sociales de la ciudad'.
En el pleno de ayer, donde también se aprobaron las ordenanzas fiscales para el año 2002, todos los grupos de la oposición pidieron unánimemente un aplazamiento de la votación con el fin de abrir un amplio debate ciudadano sobre la conveniencia de privatizar el servicio de autobuses urbanos, pero el equipo de gobierno que preside el socialista Antonio Siurana se mantuvo inflexible en su posición inicial y acabó imponiendo la fuerza de sus votos.
El primero en intervenir fue el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVLL), Xavier Aluja, que se mostró contrario a la privatización, argumentando que el servicio funciona actualmente 'a plena satisfacción de los usuarios'. Aluja dijo que el consistorio podría asumir en varios ejercicios la inversión de 500 millones de pesetas que se considera necesaria para modernizar la flota de vehículos de la empresa. 'Nadie nos asegura que la gestión privada será mejor', añadió.
Déficit acumuladoIdénticos argumentos que los esgrimidos por el dirigente vecinal fueron utilizados por los portavoces de los grupos de la oposición, quienes atribuyeron la polémica decisión a una maniobra oportunista del Grupo Socialista para reducir gastos, ya que su mala gestión económica al frente del consistorio leridano -cuyo déficit acumulado es de unos 30.000 millones de pesetas- le impide afrontar nuevas inversiones.
El portavoz del Grupo Socialista, Lluís Pere Alonso, reconoció que uno de los motivos para privatizar el transporte urbano son las pérdidas que genera el servicio, que cifró en unos 400 millones de pesetas anuales. Alonso defendió la medida diciendo que con la gestión privada mejorará la calidad del servicio y se incrementará el número de usuarios. 'No debemos estar muy equivocados cuando más de 50 ciudades españolas ya están aplicando el modelo que nosotros proponemos', agregó.
El equipo de gobierno socialista también ha dado marcha atrás en su intención de aumentar seis pesetas el precio del billete de autobús para adecuarlo a la nueva moneda europea. El consistorio pretendía redondear el precio del billete al alza con la excusa de facilitar el pago a los viajeros cuando el euro sustituya a la peseta. Si hubiera prosperado la propuesta, el billete que ahora cuesta 110 pesetas habría subido a 116, lo que supone pasar de 66 a 70 céntimos de euro.