Nueva etapa
Ala espera de que empresa y trabajadores cierren un acuerdo definitivo que resuelva el conflicto de Santana Motor, el presidente de la compañía, perteneciente al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Salvador Durbán, viaja a Bruselas. En la capital belga le entregarán la resolución adoptada por el Colegio de Comisarios de la Unión Europea respecto al expediente abierto por las últimas ayudas públicas que recibió dicha entidad.
Todo hace indicar que la decisión resultará favorable a los intereses de la Junta de Andalucía, que verá así confirmada, de forma positiva, su actuación para s...
Ala espera de que empresa y trabajadores cierren un acuerdo definitivo que resuelva el conflicto de Santana Motor, el presidente de la compañía, perteneciente al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Salvador Durbán, viaja a Bruselas. En la capital belga le entregarán la resolución adoptada por el Colegio de Comisarios de la Unión Europea respecto al expediente abierto por las últimas ayudas públicas que recibió dicha entidad.
Todo hace indicar que la decisión resultará favorable a los intereses de la Junta de Andalucía, que verá así confirmada, de forma positiva, su actuación para salvar a esta compañía. Una decisión en sentido contrario, rechazando las medidas aplicadas, supondría un varapalo tan descomunal que provocaría el cierre inmediato de la factoría. De modo que, con el entendimiento con la parte laboral, que se presume se cerrará en estos días para sacar adelante el Plan de Acción diseñado por la Administración autonómica, y el visto bueno de las autoridades comunitarias, parece que entramos, de una vez por todas, en el punto de partida de una nueva etapa para esta industria andaluza.
Falta, sin embargo, una tercera pata para que su resurgimiento sea de verdad. Esto es, que las Fuerzas Armadas españolas adquieran para su equipamiento el vehículo PS-10, un todoterreno desarrollado con tecnología propia. Si finalmente se formalizan los pedidos necesarios, la factoría linarense podría ir rompiendo su dependencia de la matriz japonesa Suzuki, y consolidar un camino bien diferente. Sólo se requiere que los representantes del Gobierno central asuman también sus compromisos, que los tienen, con respecto a esta actividad de la que dependen cientos de familias en la provincia de Jaén y que se ha tragado miles de millones de todos los andaluces.
Con ello se lograría salvar una de las principales señas de identidad de Linares y sin saltarse la ley a la torera, por muy dignos que sean los fines. Un principio que entra en contradicción con la trayectoria seguida por el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, del PP. Enfrascado en el objetivo de salvar al Recreativo, diseñó y desarrolló una operación urbanística, la de Isla Chica, que, de momento, le ha costado su imputación judicial por prevaricación, malversación de fondos públicos y delitos contra el ordenamiento del territorio. Mientras que en los tribunales se demuestra si infringió o no la ley, el edil onubense anuncia que va a dedicar estos días a presentar querellas contra todo aquel que haya osado relacionarle de forma directa con este polémico negocio. Una ofensiva jurídica contra lo que él estima toda una cacería organizada por los socialistas y de la que se siente la principal víctima.
El PSOE ha encontrado aquí un buen flanco de ataque para debilitar a uno de los alcaldes con mayor tirón popular, aunque sorprende, por contra, tanta tibieza con otro alcalde, el de Jerez, Pedro Pacheco, que ya incluso se sienta en el banquillo de los acusados en el TSJA. Muy pocas voces se han escuchado en las filas socialistas pidiendo su dimisión, a diferencia de lo que ocurre con Rodríguez. Alguna explicación podrían dar por este doble rasero.
También quien tendrá que dar explicaciones es el presidente de la Caja San Fernando, Juan Manuel López Benjumea, a su Consejo de Administración el próximo miércoles. Convocado desde Kenia, Benjumea deberá confirmar si es cierto que emplea a una empresa participada por la caja para captar el apoyo de los impositores.
No es de extrañar que anuncie acciones legales contra aquellos que realizaron las denuncias de presuntas irregularidades en este polémico suceso. Una fase terminal que pasa, además, por la necesidad imperiosa y obligada por el Banco de España de eliminar la entidad lastre y desligarla de determinados negocios inmobiliarios altamente especulativos. En este contexto, resulta extraño observar que determinadas empresas del sector quieran pagar más de 12.000 millones de pesetas por los terrenos de Tablada en Sevilla, calificados como inundables por su cercanía al río Guadalquivir. Nunca antes se habrá ofrecido tanto por algo que, hasta ahora, no deja de ser puro barro.