Una torpe negociación política
La no aceptación de un candidato propuesto por CiU para cubrir la vacante de una de las cuatro plazas de magistrado del Tribunal Constitucional tampoco será la puntilla que hará romper el pacto entre el partido catalán y el PP. Pujol necesita, por el momento, el apoyo de los populares para seguir gobernando en Cataluña y seguirá aguantando los constantes desplantes del partido de Aznar, tanto en Cataluña como en Madrid, muy probablemente hasta casi el final de los cuatro años de legislatura.
El veterano presidente catalán cree profundamente en aquella aguda y algo cínica frase del democ...
La no aceptación de un candidato propuesto por CiU para cubrir la vacante de una de las cuatro plazas de magistrado del Tribunal Constitucional tampoco será la puntilla que hará romper el pacto entre el partido catalán y el PP. Pujol necesita, por el momento, el apoyo de los populares para seguir gobernando en Cataluña y seguirá aguantando los constantes desplantes del partido de Aznar, tanto en Cataluña como en Madrid, muy probablemente hasta casi el final de los cuatro años de legislatura.
El veterano presidente catalán cree profundamente en aquella aguda y algo cínica frase del democristiano Andreotti: 'El poder, ciertamente, desgasta; pero aún desgasta más a la oposición'. La cantidad de sapos que se ha tragado Pujol desde aquellas fatídicas elecciones en las que el PP, contra pronóstico, alcanzó la mayoría absoluta supera todo lo que podía haber imaginado. Pero como ha dicho el paciente y razonable Xavier Trias, 'ya llegarán tiempos mejores', es decir, ya volverán aquellos tiempos de antes en los que CiU era, más o menos, decisivo en Madrid pero, en todo caso, podía alardear en campañas electorales que haría pasar por l'adreçador al partido estatal de turno, fuera el que fuese. Si la plana mayor de su partido no se rebela abiertamente contra su pacto con el PP - lo cual no es probable, aunque sí es posible-, Pujol aguantará.
Pero la no aceptación de un candidato de CiU -ni de uno del PNV para el Consejo General del Poder Judicial- no ha sido lo único desafortunado de la penosa negociación entre partidos para cubrir los puestos vacantes de estos altos órganos. Otros aspectos de la negociación han puesto de manifiesto, también, una gran torpeza política.
Todo parte de un error inicial: no se pueden mezclar en un mismo paquete negociador la renovación de tres órganos de muy distinto carácter. Veamos.
El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gobierno que realiza buena parte de las funciones que antes eran competencia del Ministerio de Justicia. Su carácter es netamente político y la naturaleza partidista de sus componentes -nombrados por los partidos o por las asociaciones judiciales- es natural y legítima.
El Tribunal de Cuentas es un órgano técnico, pero desempeña cometidos de distinto carácter. Por una parte, le corresponden tareas de control especializado, de naturaleza técnica y política, al ser el encargado de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado; por otra, ejerce funciones típicamente jurisdiccionales al enjuiciar la responsabilidad contable derivada del manejo de los caudales públicos. Por tanto, su naturaleza es doble: política y jurisdiccional.
El Tribunal Constitucional, por su parte, tiene un cariz únicamente jurisdiccional y su función es ser el intérprete supremo de la Constitución dictando en este ámbito sentencias vinculantes para el legislador, para los jueces ordinarios y para la Administración. La trascendencia de sus resoluciones es obvia: interpretar la Constitución implica desarrollarla mediante la creación de una jurisprudencia, es decir, de unas normas que se sitúan por encima de las leyes, ejerciendo así, en cierta manera, funciones casi constituyentes.
El valor de las sentencias constitucionales hace que nuestra Constitución esté compuesta no sólo por sus escuetos preceptos, sino también por el significado de éstos según la interpretación que deriva de la jurisprudencia constitucional. La importancia del Tribunal Constitucional, como puede deducirse de todo ello, es capital y la designación de sus miembros implica una enorme responsabilidad, distinta y superior a la de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas. Por ello, ponerlo todo en un mismo saco negociador es ignorar la distinta naturaleza de estos órganos. Los criterios para escoger a los miembros de unos u otros no deben ser los mismos, y si en unos el criterio partidista está justificado -en el Consejo del Poder Judicial y, en parte, en el Tribunal de Cuentas-, en el Tribunal Constitucional los criterios deben ser otros: primordialmente, la independencia de criterio, la calidad profesional y la especialización jurídica.
No digo, por supuesto, que los escogidos no tengan estas cualidades. Digo, simplemente, que los argumentos que esgrimen públicamente los partidos para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional son ideológicos y de afinidad política, no de esta otra naturaleza, con lo cual se erosiona el prestigio de los magistrados y, todavía peor, se menoscaba la autoridad y legitimidad de la institución, de una institución, no lo olvidemos, encargada de velar por el respeto de las reglas de juego básicas de la democracia.
En este sentido, tan poco adecuado a la naturaleza de un órgano jurisdiccional es que los partidos nacionalistas mantengan que sólo sus candidatos garantizan la 'sensibilidad autonomista' -para utilizar sus impropias palabras- como que los partidos de ámbito estatal no hayan logrado incluir a candidatos que gozaran de un consenso amplio que, especialmente en un órgano como el Tribunal Constitucional, debe incluir también a los partidos nacionalistas. Se repite así aquello que, en teoría, siempre se critica: el sistema de cuotas. Y se instrumentalizan en un supuesto beneficio propio -quizá porque se desconfía, por principio, de su objetividad e independencia- órganos que deberían estar por encima de toda sospecha partidista.
El nuevo Tribunal Constitucional se enfrenta, pues, a una ardua tarea: desmentir, mediante sus propios actos, la imagen de partidismo a la que ha sido conducido por culpa de una torpe negociación entre partidos. No cabe ninguna duda de que tanto los que van a ser elegidos como el resto de los magistrados que continúan en sus cargos tienen capacidad suficiente para demostrar su rigor jurídico y su independencia política.
Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.