Tribuna:

El marco laboral

Se está poniendo énfasis, por parte del Gobierno, en que la creación de empleo es objetivo prioritario de su política; se recibe su mensaje subliminal a través de las encuestas de opinión. Cada vez con idéntica insistencia se está repitiendo por parte de las centrales sindicales, que la creación de empleo es un objetivo irrenunciable en aras del cual están dispuestos a hacer los mayores sacrificios.

Mucho se ha negociado, mucho se ha escrito, mucho se ha hablado acerca de la materia; pero desde un ángulo diferente -el empresarial- se encuentra a faltar un análisis riguroso acerca de las...

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Se está poniendo énfasis, por parte del Gobierno, en que la creación de empleo es objetivo prioritario de su política; se recibe su mensaje subliminal a través de las encuestas de opinión. Cada vez con idéntica insistencia se está repitiendo por parte de las centrales sindicales, que la creación de empleo es un objetivo irrenunciable en aras del cual están dispuestos a hacer los mayores sacrificios.

Mucho se ha negociado, mucho se ha escrito, mucho se ha hablado acerca de la materia; pero desde un ángulo diferente -el empresarial- se encuentra a faltar un análisis riguroso acerca de las causas del aumento del paro; un ejercicio de catarsis que nos deje claro si el actual marco jurídico va a hacer mucho, poco o nada por la creación de puestos de trabajo.

Analizar los costos de la cotización a la Seguridad Social; si el mecanismo es el adecuado hoy en día; si las cargas diferidas al empresario son justas; si los incentivos para la creación de nuevos puestos de trabajo no constituyen 'competencia desleal' para con las empresas que han conservado los existentes.

Es cierto, necesario, deseable, que se cree empleo; pero no olvidemos, que el empleo sólo puede ser creado por los empleadores, y que las declaraciones mas o menos ampulosas ni facilitan ni propician su creación; el empleo, repetimos, ha de ser creado por quien tiene necesidad de empleados, y esto como un medio, no como un fin. La finalidad de los empresarios no es crear empleo; la finalidad de los empresarios es transformar productos, prestar servicios, y para ello necesitan empleados. No podemos olvidar, además, que quienes dirigen las empresas han de estudiar, forzosamente, la situación del mercado, su proceso, ponderando inversiones, rendimientos, riesgos, a la luz del marco jurídico amplio y variado que rige toda la serie de interrelaciones que concurren en el tráfico mercantil. Los productos han de llegar al mercado para ser vendidos y esa es responsabilidad de los empresarios.

Todo lo anteriormente dicho nos hace meditar acerca de las ventajas e inconvenientes que puede tener hoy el ajuste de plantillas a las necesidades del mercado, ponderando los efectos del avance tecnológico, los cambios de la demanda, la concurrencia de nueva oferta, o la inmigración, dentro del marco jurídico que regula las diferentes relaciones.

Convendría recordar las medidas propugnadas por Beveridge en el Reino Unido, al finalizar la II Guerra Mundial, tendentes a erradicar la necesidad, la indigencia, la depauperación y la miseria. Eran medidas que no discriminaban al sujeto recipiendario y que se pensaban para todos los ciudadanos. Consideraba a las amas de casa como profesionales, a los estudiantes como sujetos pasivos, y así un largo catálogo para aplicar sus propuestas. No planteaba si el beneficio alcanzaría, sólo, a los trabajadores por cuenta ajena, antes bien pensaba en la universalidad de la aplicación.

Me temo que los poderes públicos han olvidado de momento, su responsabilidad en el estudio de un sistema de relaciones laborales adecuado que sustituya al actual, que estimamos completamente agotado. Mientras los empresarios no perciban que el marco jurídico se ajusta a las necesidades actuales del mercado; que la participación que se les pide obedece a la racionalización de los medios de la producción; que el afán recaudatorio no informa los actos de la Administración, la calidad de la respuesta no mejorará.

Por esta razón pienso que mantener la recaudación directa sobre el importe de las retribuciones, sea de la cuantía que sea, es una idea roma y anticuada a la vez que desincentivadora de una política que orientada de otro modo, podría permitir obtener resultados muy positivos. Habremos, pues, de desear que se haga un análisis tan imaginativo que tenga presente que con los medios del pasado, actualmente en vigor, no parece que vaya a haber soluciones que puedan acabar o, al menos, mitigar la carencia de puestos de trabajo.

La solución de este problema es fundamental para el desarrollo de nuestra economía y, yo diría aún más, para la pervivencia de las empresas que significa sin ningún género de dudas el mantenimiento y acrecentamiento de los niveles de empleo que son elemento indispensable para la consecución de ese Estado de bienestar al que aspiramos.

Sería hora de que se comience el estudio adecuado de las medidas necesarias para atemperar las disposiciones legales a la realidad actual, pues me temo que con las ahora existentes pocos milagros se van a hacer. Prepárense todos los actores de esta representación a olvidar costumbres antiguas que por superadas no pueden ser mantenidas. Cuando hallemos puntos de acuerdo, estaremos empezando a ver salida a nuestro secular problema de las desigualdades y comenzaremos a ver cómo obtienen la retribución adecuada las ideas, la inteligencia, la constancia y todas las virtudes que deben impregnar las relaciones de la economía de mercado en la Unión Europea.

Ramón Cerdá Garrido es empresario.

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