El caso de la diálisis reabre el debate de la seguridad en la sanidad valenciana
El episodio de los fallecidos tras recibir sesiones de diálisis ha reabierto el debate sobre la inexistencia de controles de las autoridades sanitarias sobre los servicios derivados de la red de atención pública a centros privados. El máximo exponente de las consecuencias de la falta de sistemas de alerta tiene su máximo ejemplo en la sanidad valenciana. Desde que Eduardo Zaplana llegara hace seis años a la Generalitat, el impulso hacia la gestión privada de la sanidad ha ido parejo al incremento de la inseguridad sanitaria.
La Consejería de Sanidad acumula al menos 15 fallecidos por la...
El episodio de los fallecidos tras recibir sesiones de diálisis ha reabierto el debate sobre la inexistencia de controles de las autoridades sanitarias sobre los servicios derivados de la red de atención pública a centros privados. El máximo exponente de las consecuencias de la falta de sistemas de alerta tiene su máximo ejemplo en la sanidad valenciana. Desde que Eduardo Zaplana llegara hace seis años a la Generalitat, el impulso hacia la gestión privada de la sanidad ha ido parejo al incremento de la inseguridad sanitaria.
La Consejería de Sanidad acumula al menos 15 fallecidos por la falta de reflejos ante las emergencias sanitarias. La más emblemática de ellas fue la muerte de Marina Ocaña, una niña que fue sometida a una operación de amígdalas y que falleció por negligencia médica en el centro privado de Alicante al que había sido enviada por el plan de choque. Pero la más escandalosa de todas ellas es el del contagio masivo del virus de la hepatitis C, hoy en manos de la justicia con el anestesista Juan Maeso como único implicado y sin que de momento se sepan las causas que lo provocaron. Fueron los servicios médicos de Telefónica los que alertaron a la Casa de Salud de que varios empleados de la compañía coincidían en dar positivo en las pruebas de hepatitis C tras haber sido intervenidos en la clínica, incorporada en 1996 al plan de choque que Zaplana ideó para solucionar las listas de espera. Mientras el caso estalla en enero de 1998, el entonces consejero de Sanidad, Joaquim Farnós, no salió a la palestra para abordar el tema hasta cinco meses después, en mayo, y lo hizo para señalar un culpable pero sin depurar responsabilidad alguna.
Las denuncias de afectados por el virus de la hepatitis C se elevan a 414. De ellas, 268 forman parte de la causa por tener en común la intervención del anestesista. Y de éstas, 219 intervenciones se realizaron en la clínica Casa de Salud, una en la clínica Quirón, una en la clínica Virgen del Consuelo, y el resto en el Hospital La Fe. Dos de los contagiados han fallecido como consecuencia de este contagio.
El actual consejero, Serafín Castellano, creó una dirección general de Evaluación y Control de Calidad, dirigida por María Rosa Roca, pero pocos días antes de los fallecimientos en diálisis en la Clínica Virgen del Consuelo, anunció la creación del Instituto de Certitifación, Acreditación y Evalución de la Calidad Sanitaria, como evidencia de la incapacidad de ese departamento.
Castellano acumula dislates por la falta de control, entre ellos el de los diversos brotes de legionela de Alcoy. En noviembre de 2000, Sanidad reconoció la existencia de 117 afectados por legionela sólo en Alcoy, cuando hasta entonces y pesar de las cifras de afectados, la consejería no tomó cartas en el asunto. Hasta un año después, Sanidad no tomó medidas concretas contra las torres de refrigeración de las industrias. Entre tanto, seis afectados ya han fallecido y todavía se desconoce el origen de la epidemia.
Ahora, cuando el hospital La Fe es el encargado de fiscalizar la atención en hemodiálisis de la clínica Virgen del Consuelo, Sanidad no respondió a los fallecimientos registrados entre los días 21 y 27 en ese centro, y cuyas autopsias ni se han realizado ni Sanidad lo ha solicitado . Sólo tras el aviso realizado desde la clínica cuando murieron tres pacientes el pasado día 29, Sanidad cerró de forma cautelar la unidad de hemodiálisis. Esta situación ha generado una honda preocupación entre los valencianos, que constatan su alta vulnerabilidad sin que existan mecanismos de protección sanitaria eficaces. Ante la alarma generada, la oposición política ha exigido responsabilidades al presidente de la Generalitat y ha solicitado la comparecencia urgente de su consejero, Serafín Castellano, en las Cortes valencianas.
La multinacional Baxter aparece como la culpable de la última emergencia de la sanidad valenciana. La empresa tiene una extensa presencia en la Comunidad Valenciana, lo que le ha valido, entre otras cosas, poder tener incluso sus propios centros especializados, como Cedival y Valnefrón, las dos clínicas a las que han sido derivados los pacientes que recibían sesiones de hemodiálisis en la Clínica Virgen del Consuelo. Baxter domina las etiqueta de utensilios en centros públicos y privados de la Comunidad desde hace al menos una década. Fuentes del Consell calificaron a la multinacional estadounidense como 'una de las más importantes que provee de gran parte del material fungible que se utiliza en los hospitales y clínicas' valencianos. Baxter mantuvo incluso su posición privilegiada cuando en 1994 los análisis de la clínica Miguel Servet de Barcelona revelaron la existencia de plasma contaminado con el virus de hepatitis C que provocó el contagio de varios pacientes y que obligó también en Valencia a la retirada de unidades con su marca. Baxter es, aún hoy, proveedora de hemoderivados del Banco de Sangre de la Comunidad Valenciana.