Interior desconoce aún a los autores del robo de 225 kilos de hachís en Navarra
La investigación ha sido declarada secreta por el Juzgado de Aoiz
Han pasado ya dos meses desde que funcionarios adscritos al área de Sanidad de la Delegación del Gobierno de Navarra descubrieran el robo de 225 kilos de hachís ocurrido en las dependencias de la Aduana de Imárcoain, un edificio protegido por la Guardia Civil. En el, se almacenaban en pésimas condiciones los alijos de droga incautados por las Fuerzas de Seguridad en Navarra desde hacía más de una década. Nada se sabe aún de los autores del robo y las primeras investigaciones, centradas en los propios guardias civiles encargados de la custodia de un local que carecía de las más mínimas medidas ...
Han pasado ya dos meses desde que funcionarios adscritos al área de Sanidad de la Delegación del Gobierno de Navarra descubrieran el robo de 225 kilos de hachís ocurrido en las dependencias de la Aduana de Imárcoain, un edificio protegido por la Guardia Civil. En el, se almacenaban en pésimas condiciones los alijos de droga incautados por las Fuerzas de Seguridad en Navarra desde hacía más de una década. Nada se sabe aún de los autores del robo y las primeras investigaciones, centradas en los propios guardias civiles encargados de la custodia de un local que carecía de las más mínimas medidas de seguridad exigibles, han dado resultados negativos. El juzgado de Aoiz, que instruye el caso, ha declarado el secreto sumarial.
Ahora, tras la desaparición, denunciada el 1 de junio, la Delegación del Gobierno ha instalado un complejo sistema de videovigilancia en el recinto para controlar el acceso al lugar. Del paradero de la droga nada se sabe y tampoco se ha podido conocer cuando se perpetró el robo, ya que cuando los funcionarios se percataron de su desaparición al mover unas cajas 'que pesaban poco', éstas llevaban depositadas más de un año en el lugar.
Las investigaciones continúan y el propio ministerio de Administraciones Públicas abrió una información reservada para intentar aclarar el caso. Nueve cámaras con visión nocturna han sido instaladas en el edificio de la Aduana y sus alrededores, un inmueble aislado, protegido por un perímetro vallado en un polígono industrial aislado de la ciudad.Una de las nuevas cámaras de vídeo vigilará permanentemente una de las dos puertas de acceso a las dependencias, entrada que hasta el descubrimiento del robo sólo era controlada de vez en cuando por una patrulla de la Guardia Civil, que no estaba obligada a ello en virtud de sus papeletas de servicio. En el mismo edificio se ubican las oficinas del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Agencia Tributaria, que sí vigilaban los guardias, y a las que se accede por otra puerta distinta.
Las nuevas cámaras controlarán también el aparcamiento anexo, así como la sala de armarios blindados en la que se custodian las drogas incautadas por las Fuerzas de seguridad del Estado (FSE) en estos años, a la espera de que los jueces ordenen su destrucción.
Perros adiestrados fueron utilizados en el registro de las taquillas personales de los guardias civiles que custodiaban otras dependencias del edificio, con resultados negativos. De hecho, las taquillas de ropa de los agentes han sido retiradas del lugar donde estaban, cercano a la cámara de seguridad de la droga. La sección de Sanidad de la delegación ha argumentado que el permiso para la instalación de esos vestuarios era temporal y no ha sido renovado. La medida ha causado malestar entre los agentes, obligados a cambiarse en una vivienda de solteros del cuerpo armado. Miembros de la Policía Judicial de Pamplona registraron dos locales en la ciudad sin obtener resultados, e interrogaron a varios agentes de la Guardia Civil.
El ministro del Interior anunció el pasado 20 de junio, en una comparecencia ante el Congreso para explicar lo sucedido, que promovería las modificaciones legales pertinentes, dentro de la reforma en marcha del Código Penal, para que la destrucción de las drogas incautadas se haga por orden de la autoridad administrativa y no se deba esperar a resoluciones judiciales.