El Consejo de Estado ve innecesario el cese masivo de los representantes universitarios
El Gobierno quiere que los rectores dimitan y los claustros se sometan a un proceso constituyente
El anteproyecto fue presentado por la ministra de Educación, Pilar del Castillo, el pasado día 4 al Consejo de Estado con la petición de que fuera tramitado por la vía urgente (que otorga 15 días para emitir el dictamen, según las normas del consejo) y no por el ordinario (de dos meses). El anteproyecto será presentado al Consejo de Ministros para su aprobación el próximo viernes.
El dictamen, de 42 páginas, dedica casi 37 completas a hacer observaciones, en las que, además de apoyar la generalidad de la norma y considerar que respeta la autonomía universitaria, incluye numerosas propue...
El anteproyecto fue presentado por la ministra de Educación, Pilar del Castillo, el pasado día 4 al Consejo de Estado con la petición de que fuera tramitado por la vía urgente (que otorga 15 días para emitir el dictamen, según las normas del consejo) y no por el ordinario (de dos meses). El anteproyecto será presentado al Consejo de Ministros para su aprobación el próximo viernes.
El dictamen, de 42 páginas, dedica casi 37 completas a hacer observaciones, en las que, además de apoyar la generalidad de la norma y considerar que respeta la autonomía universitaria, incluye numerosas propuestas de cambio. Éstos son los principales aspectos que destaca:
Consejo social. El máximo órgano consultivo del Gobierno considera que en el consejo social de las universidades -el órgano de control y supervisión de la sociedad- debería haber más miembros de la comunidad universitaria que el rector, el secretario general y el gerente (como establece el anteproyecto) con el fin de "pueda alcanzarse el suficiente contraste de pareceres y criterios que permitan el deseable enriquecimiento de pareceres y de las decisiones a adoptar". El informe matiza que "es razonable que no esté dominado por miembros que pertenecen a la comunidad universitaria".
Pilar del Castillo ha asegurado que con la nueva ley no existiría una bolsa porque cada el número de plazas sería igual al de habilitados. Según el consejo, "no existe una necesaria correlación entre personas habilitadas y puestos a cubrir". El dictamen también señala que en el anteproyecto "convendría aclarar que el número plazas a cubrir por concurso sirve como dato orientativo al Consejo de Coordinación Universitaria, pero no implica una limitación en el número de habilitaciones a convocar, que podrá ser superior o incluso inferior a las plazas a cubrir (por ejemplo, cuando existiera previamente una bolsas de habilitados sin plaza)".