El Consejo Económico y Social critica el procedimiento de expulsión de los inmigrantes
Afirma que el plazo de 48 horas 'constituye toda una excepción en el derecho comparado'
Para el Consejo Económico y Social (CES), el procedimiento de expulsión previsto en el artículo 63 de la Ley de Extranjería 'supone un importante obstáculo al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y constituye, además, toda una excepción en el derecho comparado europeo'. En su Memoria del año 2000, el CES hace un balance de la situación de la inmigración en España y critica aspectos legales de la misma, como el excesivo peso 'en aspectos clave' del Reglamento de Extranjería que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de hoy.
En su repaso ...
Para el Consejo Económico y Social (CES), el procedimiento de expulsión previsto en el artículo 63 de la Ley de Extranjería 'supone un importante obstáculo al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y constituye, además, toda una excepción en el derecho comparado europeo'. En su Memoria del año 2000, el CES hace un balance de la situación de la inmigración en España y critica aspectos legales de la misma, como el excesivo peso 'en aspectos clave' del Reglamento de Extranjería que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de hoy.
En su repaso anual a la situación socio económica y laboral de España, el CES se detiene en la inmigración. Y se muestra especialmente crítico con la legislación de infracciones y sanciones. Afirma que 'su regulación se endurece al adoptar como opción básica la posibilidad de la expulsión, en lugar de la sanción de multa del extranjero que se encuentre regularmente en España'. El informe destaca que el contenido 'más cuestionable' de este capítulo es la previsión del procedimiento preferente de expulsión previsto en el artículo 63 de la Ley de Extranjería, realizable en 48 horas. Según el informe, es una excepción al Derecho Comparado de la UE, 'siendo además España el único país europero que no cuenta con un procedimiento sumario especial de revisión de la orden de expulsión en el plazo de unos días'. Éstos son algunos de los aspectos que aborda el informe:
- Regularización. Respecto a la regularización desde el país de origen, el informe destaca que, aunque está 'orientado a desincentivar la entrada irregular en el país, responde a un esquema ideal que en la práctica raramente se cumple'. Además, esta opción requeriría 'un esfuerzo en la articulación de nuevas funciones de las oficinas consulares, que deberán desempeñar tareas de auténticas oficinas de contratación'.
- Política laboral. Según el CES, los principios que rigen la política laboral de inmigración 'no han podido garantizar una adecuada canalización de los flujos migratorios, mientras que, por el contrario, ha ido aumentando la población extranjera en situación irregular'. La respuesta que se ha dado, afirma el informe, ha sido de dos tipos: por una parte, 'la convocatoria de sucesivos procesos de regularización extraordinarios', y por otra, 'la conversión del contingente anual, en la práctica, en una regularización encubierta, dado que se trata del aprovechamiento de personas que en realidad ya se hallaban en España y que, sin embargo, para la tramitación de un permiso deben regresar a su país'.
- Permisos de trabajo. El CES destaca como uno de los principales problemas de la legislación de extranjería en general la estrecha vinculación entre la concesión de permisos de trabajo y el criterio de la situación nacional de empleo y de la inexistencia de parados nacionales. Según el informe, los datos de los servicios públicos de empleo no sirven de orientación, ya que el porcentaje de mediación que tienen es aproximadamente del 15% de la oferta total de empleo. 'Por lo tanto', apunta, 'es preciso mejorar la conexión entre la oferta y la demanda.
- Burocracia. A estas dificultades se añade, según el texto del CES, 'la complejidad del procedimiento administrativo para la concesión de permisos de trabajo y de residencia'. El Consejo Económico y Social advierte en su informe de que, además de perjudicar a los propios inmigrantes, los retrasos que origina la burocracia afectan también a las ofertas de empleo, ya que 'el proceso de convocatoria de trabajadores es complejo y requiere una antelación y una planificación adecuadas que, de no producirse, puede contribuir a la presencia de contrataciones irregulares'.