UGT tendrá que indemnizar a 20.000 afectados de la PSV

La Audiencia Nacional ha condenado a Carlos Sotos, ex gerente de PSV, cooperativa vinculada a UGT, a dos años y cuatro meses de prisión menor por un delito de apropiación indebida sin lucro personal y a indemnizar con una cantidad que oscila entre 3.000 y 13.000 millones de pesetas a los casi 20.000 afectados por el fiasco del proyecto de vivienda social más ambicioso de España. El sindicato, como responsable civil subsidiario, deberá hacer frente a las indemnizaciones.

Todos los afectados tendrán derecho a la indemnización pese a que sólo 5.960 de los 20.000 socios presentaron una quer...

La Audiencia Nacional ha condenado a Carlos Sotos, ex gerente de PSV, cooperativa vinculada a UGT, a dos años y cuatro meses de prisión menor por un delito de apropiación indebida sin lucro personal y a indemnizar con una cantidad que oscila entre 3.000 y 13.000 millones de pesetas a los casi 20.000 afectados por el fiasco del proyecto de vivienda social más ambicioso de España. El sindicato, como responsable civil subsidiario, deberá hacer frente a las indemnizaciones.

Todos los afectados tendrán derecho a la indemnización pese a que sólo 5.960 de los 20.000 socios presentaron una querella tras el hundimiento de las 175 promociones de PSV e IGS en toda España. De una parte, habrá que indemnizar con unos 1.750 millones de pesetas a los 7.000 cooperativistas que se dieron de baja y recuperaron sólo el 75% de su inversión. Y de otra, a los 13.000 socios que continuaron en la cooperativa y pagaron por su vivienda un 7% más del precio inicialmente fijado. Ahora deberían recuperar aquel suplemento, lo que supondría 11.000 millones. Respecto a este pago hay interpretaciones que señalan que los cooperativistas desembolsaron un 7% más por sus pisos, pero se ahorraron los gastos de gestión, con lo que la indemnización sería muy inferior.

La sentencia declara que en la actuación del condenado Carlos Sotos no existió 'enriquecimiento patrimonial ilícito', absuelve a los otros seis acusados en el caso, entre ellos el ex secretario de finanzas de UGT, y declara responsable civil subsidiario a UGT, que ya ha anunciado que recurrirá el fallo. La Audiencia considera probado que parte de los 70.000 millones que la cooperativa cobró a sus socios 'se destinó a actividades ajenas a la actividad inmobiliaria de ámbito social, en la convicción de que los grandes beneficios que obtendría el grupo posibilitarían el proyecto inmobiliario'.