El juez estima la petición de la fiscalía y archiva el 'caso AGT'
Adolfo Fernández Oubiña, titular del Juzgado de Instrucción número 14, ha archivado, tres años después de iniciarse la investigación, el caso contra el ex diputado del PSC y dueño del grupo constructor AGT, Luis García Sáez, que fue acusado de cometer una estafa con obras públicas. La decisión de sobreseimiento de la causa se produce después de la petición formulada en este sentido por la fiscalía y tras estimar los recursos presentados por las defensas.
En la causa estaban imputados el propio ex diputado socialista, así como Ramón Gallardo, que fue abogado de la empresa AGT, y un accio...
Adolfo Fernández Oubiña, titular del Juzgado de Instrucción número 14, ha archivado, tres años después de iniciarse la investigación, el caso contra el ex diputado del PSC y dueño del grupo constructor AGT, Luis García Sáez, que fue acusado de cometer una estafa con obras públicas. La decisión de sobreseimiento de la causa se produce después de la petición formulada en este sentido por la fiscalía y tras estimar los recursos presentados por las defensas.
En la causa estaban imputados el propio ex diputado socialista, así como Ramón Gallardo, que fue abogado de la empresa AGT, y un accionista de la misma. En la tramitación de la causa, el juez llegó a imputar a más de una docena de personas entre las que destacaban el presidente del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, Eugeni Forradellas; los alcaldes socialistas de Mataró y Olesa de Montserrat, Manel Mas y Enric Térmens, y los dirigentes del PSC Josep Maria Triginer y Antoni Pérez Garzón, este último ex alcalde de Esplugues de Llobregat.
En su auto de archivo, que apenas ocupa un folio y medio, el juez, en una breve argumentación ininteligible, justifica su decisión en que las partes en conflicto (acreedores y empresa) 'aceptan como realidad la existencia de un activo superior a un pasivo', por lo que 'lógico parece aceptar los recursos' de los abogados y del propio fiscal para archivar todo lo actuado.
El caso se abrió el 25 de octubre de 1999, cuando un grupo de siete empresas presentó una querella contra García Sáez, al que acusaban de estafa por no pagarles sus servicios como subcontratistas en obras públicas adjudicadas al ex diputado por varios ayuntamientos, muchos de ellos socialistas. Los denunciantes imputaron a García Sáez los presuntos delitos de apropiación indebida, insolvencia punible y estafa, a los que el juez sumó otros como quiebra fraudulenta.