Las dos almas de Unió de Pagesos

'¿Qué prefieren los afiliados: recuperar el dinero perdido o ganar el pleito?'. Esta pregunta se la formuló el abogado Miquel Roca al coordinador de Unió de Pagesos (UP), el reformista Joan Caball, cuando este último fue a exponerle las pérdidas sufridas por los ganaderos catalanes durante la crisis de las vacas locas. Caball se inclinó por la compensación de las pérdidas y Roca puso en marcha una demanda contra la Comisión Europea, cuya evolución procesal acabará rozando las responsabilidades subsidiarias de la Administración española.

El hecho de que el pleito contra Bru...

'¿Qué prefieren los afiliados: recuperar el dinero perdido o ganar el pleito?'. Esta pregunta se la formuló el abogado Miquel Roca al coordinador de Unió de Pagesos (UP), el reformista Joan Caball, cuando este último fue a exponerle las pérdidas sufridas por los ganaderos catalanes durante la crisis de las vacas locas. Caball se inclinó por la compensación de las pérdidas y Roca puso en marcha una demanda contra la Comisión Europea, cuya evolución procesal acabará rozando las responsabilidades subsidiarias de la Administración española.

El hecho de que el pleito contra Bruselas, impulsado por la actual cúpula del sindicato agrario, haya sido encargado al bufete de Roca Junyent es un síntoma de pragmatismo porque la UP de Caball prefiere los resultados antes que las grandes palabras. El sindicato tiene 10.000 afiliados; administra unos 120 millones de pesetas procedentes de las cuotas, y otros 70 millones en concepto de subvenciones que recibe de la Generalitat. Sin embargo, su presupuesto anual triplica por lo menos estas cifras a base de los importantes ingresos derivados de la actividad de sus empresas asociadas, Agroxarxa y Àmbit Rural, SL, ejes de una nueva estrategia de crecimiento, basada en el clientelismo de las organizaciones corporativas de servicios.

Anticorrupción tramita una presunta prevaricación del ex consejero de Agricultura

UP tiene otro frente judicial abierto: la demanda contra el ex consejero de Agricultura de la Generalitat, Francesc Xavier Marimon, cuya actuación en la crisis de la peste porcina clásica de 1998 incurrió en una presunta prevaricación. Esta demanda, impulsada por el ex coordinador y dirigente izquierdista de UP Pep Riera, espera su turno en el despacho del titular de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo.

Ambas iniciativas judiciales enmarcan las dos líneas subyacentes en la crisis por la que atraviesa UP tras la expulsión de los dirigentes de Noguera. Entre los expulsados se encuentra Josep Pàmies, uno de los fundadores del sindicato en 1974.

Los dirigentes históricos, que se han solidarizado con los expulsados, se han unido a Riera, quien considera que 'Caball aplica una auténtica caza de brujas'. Los críticos quieren volver a los orígenes y recuperar el espíritu combativo de otros tiempos. De momento, la ruptura en UP parece inevitable; y para esta a misma semana han sido convocadas varias reuniones en diferentes comarcas, en las que participarán algunos de los expulsados.

Riera apunta a desenmascarar las prácticas del Departamento de Agricultura de la Generalitat y toma como referencia la trayectoria del ex consejero Marimon, un glosario de desaciertos.

En los últimos tiempos de su mandato, Marimon adquirió -a nombre de un familiar muy próximo- 31,6 hectáreas de tierra situadas en la zona de regadio junto al canal Angerri-Balaguer. En los registros civiles de la comarca de la Noguera, la familia del político nacionalista acompaña a otros compradores, como los Català, Rius, Reig y Vall Companys, que han adquirido extensiones importantes en las riberas del canal. Estos nuevos latifundistas tienen intención de imponer cultivos extensivos de cereales, lo cual obstaculiza la implantación de la fruta dulce, que es la principal actividad de los pequeños campesinos.

Mientras las grandes infraestructuras hidrográficas de Cataluña favorecen a los privilegiados, la UP de Caball mantiene la boca cerrada. El sindicato se distancia de sus bases tradicionales para fortalecer su papel en la moderna industria agroalimentaria. Detrás de este argumento hay un dato incontestable: la despoblación de algunas comarcas, como Urgell, Les Garrigues, Noguera o Segarra, certifica la muerte de la agricultura convencional.

La reconversión del campo catalán ha resultado extremadamente dura para las explotaciones familiares. La lucha contra la inflación de la economía española ha hundido los precios porcinos y avícolas en las lonjas. Los agricultores actuales son pequeños propietarios agregados a grandes estructuras cooperativas -son ejemplos las leridanas Copaga o Guissona- o integrados en la producción a bajos costes, dominada por las empresas agroalimentarias privadas, como Agrovic o Ebro Agrícolas, convertidas ahora en el granero de la distribución a gran escala de las cadenas Continente, Pryca y Caprabo.

En la etapa actual, marcada por la emergencia de un espacio internacional sin barreras arancelarias y la preparación en Europa de la Agenda 2000, UP trata de mantener el reequilibrio de las rentas agrícolas.

En sus 25 años de historia, UP ha realizado esta función más allá de sus limitaciones orgánicas, al presentarse como un referente ideológico y nacional. En las comarcas vinícolas de Penedès, Priorat o Baix Camp resulta muy visible que la presencia ciudadana de UP -con alcaldes y concejales de algunas poblaciones afiliados- rebasa sobradamente los límites de un puro sindicato.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de UP, las grandes empresas del sector concentran en la actualidad el 80% de la renta agrícola disponible. Estas empresas están representadas en el Institut Català de Sant Isidre -vinculado a Fomento del Trabajo-, en cuyos órganos de gobierno aparecen los cultivadores vitícolas Freixenet, Codorníu y Müller, junto a las corporaciones de porcino y avícola, los mataderos industriales y las centrales lecheras de distribución -Ato, Lactel, etcétera.-, movidas por intereses oligopolíticos.

En el terreno de los símbolos, puede decirse que la UP de hoy tiene enfrente al mismo enemigo de clase que tuvo en la crisis rabassaire de 1932. El mismo enemigo, pero distinto escenario: mientras que en el cañamazo político de la II República española, las reivindicaciones de los campesinos fueron defendidas por Esquerra Republicana (ERC) y los intereses de la clase propietaria por la Lliga Regionalista, en la actualidad, la primera postura corresponde al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) o a Iniciativa per Catalunya (IC) y la segunda a Convergència i Unió (CiU). Obviamente, el paralelismo no se adapta a la realidad; y, además, la pasividad demostrada por el PSC frente al funcionamiento de los mercados cárnicos y ante la nueva concentración latifundista origina 'desconfianza en los agricultores respecto a la alternativa encarnada por Pasqual Maragall', según una versión que comparten las dos tendencias de UP.

En el citado periodo republicano, la radicalización de la lucha desbordó a la Lliga Regionalista y su lugar fue ocupado por partidos conservadores españoles. Ahora, en cambio, UP está atrapada en medio de un tiempo en el que la correlación entre los intereses sociales y la política de los partidos es mucho más difusa.