El Tribunal Superior denuncia al 'número dos' del PP manchego por prevaricación
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha denunciado por supuesto delito de prevaricación administrativa [funcionario que dicta una resolución arbitraria a sabiendas], al ex presidente de la Diputación de Ciudad Real Luis Jesús Garrido Garrancho, actual secretario general del PP en esa comunidad. La denuncia figura en una sentencia en la que, a instancias de CC OO, se anula la contratación laboral de Alfonso Julián Haro Zapata como conductor, ordenada el 15 de julio de 1999 por Garrido.
El juez de lo contencioso-administrativo de...
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha denunciado por supuesto delito de prevaricación administrativa [funcionario que dicta una resolución arbitraria a sabiendas], al ex presidente de la Diputación de Ciudad Real Luis Jesús Garrido Garrancho, actual secretario general del PP en esa comunidad. La denuncia figura en una sentencia en la que, a instancias de CC OO, se anula la contratación laboral de Alfonso Julián Haro Zapata como conductor, ordenada el 15 de julio de 1999 por Garrido.
El juez de lo contencioso-administrativo de Ciudad Real avaló el contrato, pero apelado el fallo la sala dictó el 7 de mayo último una sentencia -no recurrible- que fundamenta la ilegalidad de la contratación de Haro, entre otras razones, en que 'se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento (...) de forma consciente'. Así, señala que la orden firmada por Garrido establecía que la contratación de Haro se tramitaría 'sin resolución alguna de la presidencia y sin informe de los servicios técnicos correspondientes'.
La sala, que por ser de lo contencioso-administrativo no puede enjuiciar delitos, aprecia que los hechos presentan 'visos de ilegalidad penal, por lo que procede deducir el correspondiente testimonio de particulares', equivalente a una denuncia para que la conozca el tribunal competente, en este caso el penal. El Código Penal castiga la prevaricación administrativa con inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a 10 años.